Los empresarios del sector del rent a car, asociados a la Petita i Mitjana Empresa (Pimeef), están «muy preocupados» porque el nuevo decreto ley de medidas urgentes contra los taxis pirata puede perjudicarles. No es ninguna novedad que los chóferes ilegales utilizan vehículos alquilados. La novedad radica en que, a partir de ahora, la policía tendrá la obligación de inmovilizar los coches utilizados como taxis pirata y los propietarios de estos vehículos serán «responsables subsidiarios» de las multas si los conductores no las pagan.
Las sanciones oscilan entre los 6.001 y 12.000 euros y su abono será imprescindible para recuperar los coches. «Y esto repercutirá en las casas de alquiler, es decir, si los vehículos son alquilados las casas de alquiler tendrán responsabilidad», reconoció ayer la consellera de Mobilitat, Pepa Costa.
El presidente de la Asociación de Rent a Car de Pimeef, Juan Cárdenas, se quejó de que no se les haya tenido en cuenta a la hora de redactar el decreto, que ya está en vigor, y que fue aprobado por el Govern balear a instancias del Consell d'Eivissa. «No es que nos dediquemos a alquilarle a la gente para que hagan de taxis pirata, pero se supone que hay coches de alquiler que se han utilizado para eso. Y estamos muy preocupados de que nos hagan responsables subsidiarios de que esta gente pueda utilizar los vehículos como taxi pirata. Ni que nosotros nos dedicásemos a eso, nosotros nos dedicamos a alquilar coches», criticó el empresario.
Pedirán explicaciones
Cárdenas ya ha solicitado una reunión con la consellera Pepa Costa a quien pedirán explicaciones sobre el decreto porque su texto es «genérico». «Pero si esa explicación es como nosotros nos tememos, intentaremos hablar con un abogado y veremos lo que se puede hacer», agregó.
Para el empresario, el decreto es «descabellado» y está «hecho a la ligera» porque las casas de alquiler de coches no tienen todos los vehículos en propiedad, ya que algunos pertenecen a las marcas y tienen que ser devueltos, mientras que otros vehículos ni siquiera están a nombre de las empresas de Eivissa sino que los tienen «subarrendados». «No se puede hacer tan a la ligera una ley como ésta, nosotros vamos a presentar nuestra queja y a decirles que estamos sorprendidos y preocupados», destacó Cárdenas.
Por otra parte, la consellera de Mobilitat, Pepa Costa, presidió ayer la primera reunión de coordinación para la aplicación del nuevo decreto ley, en un encuentro que contó con la presencia de todos los ayuntamientos, del director insular de la Administración del Estado, Rafael García Vila; representantes de la Policia Nacional y de la Guardia Civil, así como la directora del aeropuerto, Elena Mayoral.
La principal novedad acordada en la reunión es el compromiso de la dirección del aeropuerto de comenzar a colaborar con la lucha contra el transporte ilegal, ya que la terminal es uno de los principales focos donde se concentra el problema, además de las discotecas.
En este sentido, Costa explicó que a partir de ahora se podrá denunciar dentro del recinto aeroportuario y detalló que se está buscando la fórmula para que «la gente de seguridad del aeropuerto avise a los policías». Esto será posible porque el decreto introduce una nueva medida que permite multar por comercializar y ofrecer el transporte ilegal, una actuación que se suele realizar fuera del vehículo, precisamente, para captar los clientes.
La consellera reconoció que aún no ha hablado con los responsables de las discotecas, un sector donde también se reúne la oferta de taxis pirata, pero remarcó que necesita «la colaboración de todos».