El Consell buscará fórmulas para que el nuevo decreto contra el transporte ilegal no perjudique a las empresas de alquiler de coches. La nueva norma transforma en responsables subsidiarios a los propietarios de los vehículos, como pueden ser los rent a car, y les obliga a pagar una multa de 6.000 euros si quieren recuperar sus coches en caso de que hayan sido inmovilizados como taxis piratas, retenciones que también permite el nuevo decreto.
Dado que la mitad de los 50 coches retenidos hasta el momento pertenecen a empresas de alquiler, tras las quejas del sector la institución busca ahora flexibilizar la ley para evitarles un perjuicio económico.
Entre las nuevas medidas, la máxima institución prevé que los rent a car puedan recuperar los vehículos presentando un aval bancario de 3.000 euros, lo que supone el 50% de la sanción, que se seguirá aplicando si el coche es de un particular. Además, en el periodo de alegaciones se tendrá en cuenta que se trata de una compañía de alquiler, aunque «la situación va a ser muy diferente si es un caso aislado o si, como está ocurriendo, hay empresas de rent a car que tienen un número inusualmente alto de coches alquilados que se dedican hacer de taxis piratas». «A esas empresas les será mucho más difícil justificar el error de ese alquiler», advirtió ayer, el presidente del Consell, Vicent Serra.
Estas propuestas son el resultado de la reunión que mantuvieron ayer Vicent Serra y la consellera de Mobilitat, Pepa Costa, con representantes asociaciones de rent a car, así como con los regidores de área de los ayuntamientos. Al encuentro, asistió especialmente el presidente de la Federación Nacional de Alquiler de vehículos sin conductor, Miguel Ángel Saavedra, así como el presidente de la asociación de rent a car de Pimeef, Juan Cárdenas, entre otros responsables del sector.
Una sorpresa
Según explicó Serra al término de la reunión, el hecho de que la mitad de los taxis pirata retenidos sean de casas de alquiler «ha sido una sorpresa para todos». Por ello, aunque las medidas propuestas aún necesitan el visto bueno de los servicios jurídicos, se buscará que las empresas «no tengan que hacer un depósito de dinero y que puedan quitar la inmovilización de forma rápida, de tal manera que podamos mantener este decreto que es efectivo contra los taxis piratas y, al mismo tiempo, causar el menor perjuicio los rent a car», aseguró.
Aún así, insistió en que, aunque el procedimiento sancionador seguirá adelante, se buscará que la multa les repercuta «lo menos posible». «Lo que ocurre es que habrá unas empresas a las que les será mucho más fácil justificar ese alquiler que a otras que tienen una incidencia alta de alquiler a taxistas piratas», reiteró.
Al respecto, el representante de la federación nacional de rent a car, Miguel Ángel Saavedra, defendió que las empresas de alquiler «no son responsables del uso que hacen los alquiladores de los coches» y afirmó que también están «contra el intrusismo y la piratería». «Confiamos en que esto tenga una solución a corto plazo para que las empresas no salgan perjudicadas», destacó.
En cuanto a las afirmaciones de Serra sobre que hay empresas reincidentes en el alquiler de coches a ‘piratas', Saavedra quiso hacer una matización: «Quizás hay un empresario que se dedique a esto, pero no se puede juzgar por una sola compañía a un sector tan profesional como es el de alquiler de coches», concluyó.