Las sentencias favorables a la protección de ses Feixes del Prat de Vila y contrarias a los intereses urbanizadores de los propietarios siguen sucediéndose y en el último mes y medio se han producido cuatro nuevas.
En una de ellas, fechada el 3 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) desestima el recurso presentado por unos propietarios de una finca de 1.450 m2 en ses Feixes contra la aprobación del planeamiento urbanístico que ha convertido sus terrenos en suelo rústico. Los dueños de los terrenos también recurrían un acuerdo de la Comissió Balear de Medi Ambient por el que se declaró que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila no se tenía que sujetar a evaluación ambiental estratégica, un recurso que este tribunal consideró «inadmisible».
En otro fallo, fechado el 13 de junio, el TSJB desestima el recurso presentado por unos propietarios de una porción de terreno de 3.300 metros cuadrados del sector UA-12 de ses Feixes, en el que había una edificación para vaquería. Los propietarios alegan que en 2007 la finca tenía condición de urbana, pero que primero el Govern aprobó una moratoria y luego el Ayuntamiento convirtió en rústicos los terrenos mediante el PGOU. El TSJB considera en este caso que el planeamiento de Eivissa «justifica de forma detallada por qué la antigua UA-12 no era merecedora de mantener la clasificación de suelo urbano».
La tercera sentencia, también fechada el 13 de junio, recurre el acuerdo de Medi Ambient de no sujetar el PGOU a evaluación ambiental estratégica y el acuerdo del Consell mediante el que aprobó definitivamente el Plan General. En este caso el recurrente es copropietario de 1.970 m2 de terreno entre los antiguos sectores SUP6 y UA8 del PGOU de ses Feixes. El TSJB vuelve a declarar inadmisible el tema referente a la evaluación ambiental y desestima el recurso contra el PGOU.
Por último, otra sentencia fechada el 28 de junio rechaza la petición de indemnización con 174.840 euros de un propietario de dos fincas en la UA12 de 864 y 600 m2. Este propietario pidió al Govern cuando aprobó la moratoria una indemnización de 1,8 millones, pero el Ejecutivo la desestimó. Finalmente, por la vía judicial pidió 174.000 euros al Govern por la moratoria que también han sido denegados por el TSJB.