La alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez Jáuregui, anunció ayer que pedirá a la concesionaria de la estación de autobuses, la sociedad gestora Cetis, que justifique las tarifas de explotación, ya que un informe de Intervención pone de manifiesto su «disconformidad» con los precios actuales porque en ellos se repercute el «gasto común» a toda la concesión.
«En el informe queda claro que los concesionarios no nos pueden pasar tarifas más que por lo que atañe a la estación», afirmó Jáuregui en referencia a los otros edificios y aparcamientos que conforman la concesión. «Y en este caso, los gastos se tienen que atener solo y exclusivamente a la estación de autobuses», agregó.
La intención de la alcaldesa es rebajar aún más tarifas. Actualmente, la concesionaria propone cobrar cinco euros por entrada y por salida de autobús, un precio ya reducido de los 50 euros que preveía obtener en cada una de estas operaciones y que «hubiera tenido una repercusión enorme tanto si lo pagaban las administraciones como si lo pagaba el usuario», destacó Jáuregui.
Ahora, según un cálculo que la alcaldesa hizo ayer por la mañana «a vuela pluma» con el concejal de Hacienda, Juan Daura, y la interventora eliminar este «gasto común» podría suponer «incluso que la tarifa quedara por debajo de los cuatro euros».
Por eso, el siguiente paso será dar audiencia a la concesionaria, que si justifica este precio podrá mantenerlo. Sin embargo, si no lo hace, y «aunque no esté de acuerdo», el Consistorio se atendrá a la disconformidad de intervención para rebajarlo. Una vez terminado este nuevo paso, las tarifas se someterán a la aprobación del pleno.
El requerimiento
Jáuregui reconoció que dio instrucciones de retirar las tarifas del último pleno municipal. «No había tenido tiempo de comentarlo con el primer teniente de alcalde ni con la interventora (...) Ha sido bueno que podamos revisar este informe y ver algo que nos puede llevar a rebajar las tarifas, aunque nos retrasemos unos días más», destacó.
La aprobación de las mismas y una prueba de operatividad que hará el Consell son los últimos requisitos que quedan para abrir la estación de autobuses del Cetis, cuya obra se terminó hace un año y medio.
Por otra parte, la alcaldesa consideró ayer que el requerimiento que presentó la sociedad Cetis por responsabilidad patrimonial reclamando 15 millones de euros no prosperaría en caso de llegar a un tribunal. «Nuestros servicios jurídicos contestarán este requerimiento y no prosperará porque no estamos parados. Estamos haciendo lo que hay que hacer en pro del interés general», dijo.
La portavoz Teresa Sagalés confirmó ayer que la concesionaria presentó este requerimiento por «pérdidas de no explotación más cargas financieras» y destacó que rebajar aún más las tarifas no le parece «razonable». También afirmó que el escrito pide al Consistorio que «abra la estación y la ponga en funcionamiento o desaloje la torre 1», donde se ha trasladado la Policía Local ya que, como parte del contrato concesional, Cetis debía construir esta torre y entregarla al Consistorio. «Nosotros hemos cumplido nuestra parte y ellos después de un año y medio no han recepcionado la concesión», agregó Sagalés.
Por su parte, Jáuregui explicó que cuando se trasladó la policía «el edificio no tenía la licencia de apertura», algo que en la actualidad se está solucionando. Aún así, dijo desconocer la petición de desalojo, porque todavía no ha leído el requerimiento.