El conflicto por el retraso en la apertura de la nueva estación de autobuses ya está en los tribunales para que sean los jueces los que se pronuncien sobre un problema que lleva un año y medio sobre la mesa del Consell y el Ayuntamiento de Eivissa, en vías de una solución que nunca llega.
La sociedad gestora Cetis interpuso ayer un recurso contencioso administrativo contra el Consistorio, en el que reclama una indemnización de 16,3 millones de euros «por daños y perjuicios» y pide al juez que «impida» la parada de los autobuses en la avenida Isidor Macabich así como que «obligue» a poner en marcha la estación. La concesionaria también pide al magistrado la evacuación «inmediata» del edificio que ocupa la Policía Local y estudia acciones penales contra los responsables políticos, en concreto, contra la alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui.
Los abogados del Cetis, Jorge Herranz y Santiago Sáenz, se desplazaron ayer de Barcelona a Palma para interponer la demanda en los juzgados. «No es el camino que deseábamos, pero el Ayuntamiento no nos ha dejado más opción que ésta», aseguró Herranz.
Las tarifas
En un primer requerimiento presentado ante el Ayuntamiento, la concesionaria había pedido 15 millones de euros de indemnización, una cantidad que ahora incrementa hasta los 16,3 millones. Según Santiago Sáenz, la reclamación se basa «en lo que se ha dejado de ganar respecto a la totalidad de la concesión» en estos 18 meses que la estación ha permanecido cerrada ya que, según recordó, «desde abril de 2011 tiene todos los informes favorables para abrir».
En este sentido, el cálculo de indemnización incluye la falta de actividad de los locales de la concesión «que dependen de la estación, que genera movimiento», y suma las operaciones de carga y descarga de pasajeros que, según las estadísticas del Consell, el Cetis podría haber tenido en este tiempo. Todo ello, aplicando las tarifas que Vila tiene aprobadas y «vigentes» desde 2005 y que suponen un máximo de 50 euros por entrada y por salida de autobús. «Si se hubiesen aprobado las nuevas tarifas hubiésemos hablado de una cantidad indemnizatoria mucho menor», explicó el abogado, sobre el precio rebajado de cinco euros por entrada y por salida de autobús, una cantidad reducida que, según remarcó, «hemos propuesto nosotros para ayudar a la apertura» de la instalación.
En cuanto al edificio de la Policía Local, Sáenz dijo que Vila se lo ha «apropiado» sin ningún título y por la vía de hecho. «Es un edificio que le corresponde al Ayuntamiento en concepto de canon. La concesionaria lo ha pagado pero a cambio no tiene la contraprestación de que se abra la estación», destacó, y afirmó que su desalojo se puede evitar si Vila firma «la escritura pública». «Pero no quiere hacerlo porque no quiere pagar el IVA, es la única realidad», lamentó.