El Parlament ha validado (con 32 votos a favor del PP) el Decreto Ley de ordenación de la actividad comercial de Baleares con la oposición del PSIB y PSM-IV-ExM (cuyos votos suman 24), así como de la patronal, los sindicatos y las asociaciones de consumidores, que están en contra de esta normativa, debido a que «rompe el consenso existente» y «está encaminado a favorecer a las grandes superficies».
Tras aprobarse en el pleno del Parlament de este martes, el Decreto Ley 11/2012 de 19 de octubre, que modifica la Ley 11/2001 de 15 de junio permite que cualquier establecimiento comercial de las islas podrá abrir de lunes a sábado hasta 90 horas, un 25% más que en la actualidad, y dispondrá de diez festivos de apertura al año, dos más que ahora. Debido al rechazo del PP, dicho decreto no será tramitado como Proyecto de Ley y queda aprobado como tal.
Según el grupo parlamentario 'popular', con esta nueva normativa se «impulsa la actividad económica» y se fomenta la «creación de lugares de trabajo». La formación ha felicitado la iniciativa de extender a todo el año la vigencia de la declaración de zona de gran afluencia turística (ZGAT) con la que se da libertad completa de horarios comerciales en determinadas áreas de los municipios que lo soliciten.
Hacia la generación del 15% del PIB
La diputada del PP María Asunción Pons ha declarado, en su intervención en el debate, que el «comercio es el segundo sector de la economía balear» y está avanzando «hacia la generación del 15% del PIB». Así, ha añadido que como había «un exceso de oferta» se está viviendo un «lógico proceso de reconversión y adaptación, que se dirige a la especialización».
Por su parte, la oposición ha criticado que con esta norma se destruye «el equilibrio» que existía hasta el momento y han recogido las quejas de los sectores afectados, que en su mayoría se han mostrado en contra de esta ley a lo largo de los últimos meses.
La diputada socialista Pilar Sansó ha afirmado que la normativa «solo beneficia a los grandes distribuidores comerciales» y ha incidido en que «rompe el consenso existente», así como «el equilibrio competencial entre las CCAA y el Estado». Así, ha aseverado que la «responsabilidad de condenar al pequeño comercio recaerá en el Govern».
Desde el PSM-IniciativaVerds-Entesa, Biel Barceló ha recordado que el Centre de Recerca Econòmica (CRE) establece que el 98% del «tejido empresarial es micro, pequeña y mediana empresa» por lo que «liberalizar» la entrada de grandes operadores supone un «torpedo en la línea de flotación» de la red comercial de Baleares.
Barceló ha reprochado que la «ortodoxia económica de pensamiento único de criticar el endeudamiento o bajar impuestos ha caído punto por punto», como «también caerá la liberalización de los horarios y la decisión de permitir la entrada de grandes operadores». Tras las críticas vertidas por parte del PP, el líder econacionalista ha reivindicado la huelga de consumo del próximo miércoles.