Sant Antoni informó ayer de que ha remitido a Fiscalía un informe que «avala la legalidad de la licencia de obra mayor» concedida al exconcejal de Deportes, Vicente Cabezas. Es el segundo paso dado por el Consistorio para defenderse de la denuncia que presentó PSOE-Pacte ante el Ministerio Público, que ha abierto una investigación sobre el permiso otorgado al exconcejal en junta de gobierno el pasado mes de julio, ya que fue declarado nulo y contrario al ordenamiento jurídico por el secretario de la Corporación, Joaquín Granero.
La estrategia defensiva comenzó a principios de semana con una petición al Govern para que expediente al secretario por haber actuado de forma «desleal», según los ediles del PP, porque dio su conformidad con la licencia en la junta de gobierno, pero después elaboró un informe negativo que la anula, y lo incorporó al expediente sin informar de ello a Alcaldía o a la Concejalía de Urbanismo.
Ahora, el documento «técnico-jurídico», elaborado por el vicesecretario Ángel Navarro para defender la licencia, fue remitido a Fiscalía para argumentar que el Consistorio «actuó bien» al otorgarla. Para ello, el informe revela que en 2009, cuando Cabezas «solicitó la licencia por primera vez», el proyecto de urbanización de esta zona, denominada residencial ses Païsses, estaba aprobado «de manera definitiva». En ese momento, según el Consistorio, se denegó el permiso porque «existían otras normas que no permitieron su autorización». Sin embargo, el pasado mes de junio, cuando la licencia fue concedida, «la resolución favorable estaba bien fundamentada jurídicamente» porque el nuevo Decreto Ley 7/2012 de Medidas Urgentes para la Ordenación Urbanística Sostenible «prevé el desarrollo parcial de proyectos de urbanización y simultanearlo con la construcción».
Según explica el escrito, «el local en cuestión [el restaurante del concejal] está ubicado en una zona que tiene la clasificación urbanística de suelo urbanizable programado, según el PGOU de Sant Antoni (sector 22), cuenta con el Plan Parcial aprobado desde 1997, el proyecto de Compensación de 2004 y el Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente en 2008».
Estos nuevos argumentos contrastan de lleno con el informe del secretario para desestimar el permiso que, entre otras cuestiones, indica que la legislación urbanística condiciona esta licencia a que se haya aprobado el proyecto de urbanización, ya que se trata de un terreno sin urbanizar. En este sentido, destaca que en el expediente «a fecha de hoy» [el pasado 26 de julio] «el proyecto de urbanización todavía no ha sido aprobado».
‘Marge': «Vuelven a mentir»
El Consistorio se negó a facilitar a este periódico el informe jurídico enviado a Fiscalía, argumentando la «protección de datos» de las personas que aparecen en el mismo.
Por su parte, el portavoz de la oposición Josep Marí Marge acusó al equipo de gobierno de «volver a mentir al decir que solicita una licencia por primera vez en 2009» cuando la petición se remonta «a 2005 y desde entonces se le ha estado negando continuamente». «Cómo se atreven a obviarlo cuando ya está el expediente urbanístico terminado y tiene una propuesta de sanción de cerca de 30.000 euros», criticó el edil, que indicó que las normas «no permitían la licencia y no la permiten ahora». «Los vecinos y propietarios de aquello vuelven a ver cómo la alcaldesa les dice que son tontos a la cara. Estos vecinos quieren construir y se les ha negado constantemente. ¿Qué quiere decir, que Cabezas puede y los demás no?», preguntó el edil. «Creo que están muy nerviosos y que realmente tienen miedo», agregó Marge, quien se quejó de que el equipo de gobierno «acuda a técnicos inferiores [el aparejador] teniendo acceso a la máxima autoridad en urbanismo». «Llevamos meses pidiendo un informe de la arquitecta municipal y no se lo piden, con lo cual, para nosotros, cualquier informe que no esté firmado por la arquitecta no sirve para nada», concluyó.
Gutiérrez: «Nuestro objetivo es cumplir estrictamente la ley»
Sobre este documento técnico-jurídico que avala la legalidad de la licencia, la alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, afirmó que «la voluntad de este equipo de gobierno es la de cumplir estricta y escrupulosamente la ley» y, por ello, «colaboramos con Fiscalía». Asimismo, en respuesta a las críticas de la oposición sobre la petición hecha al Govern para que depure las posibles responsabilidades por la actuación del secretario municipal, la alcaldesa afirmó que su «deber es que se cumpla la ley por igual para todo el mundo, sin excepciones, colaborando con la Justicia y trabajando conjuntamente con los funcionarios para garantizar a los ciudadanos de Sant Antoni el buen funcionamiento del Ayuntamiento, y para que confíen en que los procesos, expedientes y trámites municipales se ajustan a Derecho y se resuelven sin tratos de favor».