Constituida y en marcha desde hace una semana escasa, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Eivissa ya cuenta con seis casos de personas que tienen problemas para hacer frente económicamente a sus préstamos hipotecarios y las consiguientes deudas por los interes de demora, por ejemplo. A ello hay que sumar la quincena de casos pitiusos que le llegaron a la PAH de Mallorca. Desde el pasado jueves celebran reuniones abiertas a las que pueden acudir personas que necesiten información, que sean directamente afectadas o bien quienes deseen colaborar con esta plataforma ciudadana (las reuniones son los jueves a las siete de la tarde, pero esta semana se hará el martes a las 18,30 horas porque hay un desahucio previsto para el miércoles). Por el momento cuentan con un abogado más (ya son dos) que ayudan jurídicamente a quienes estén afectados por las deudas hipotecarias, pero necesitan más profesionales dispuestos a colaborar.
Servicios gratuitos
En la actualidad, Cristian Martí y Aitor Morrás son los portavoces de esta plataforma ciudadana. Cuando reciben una llamada de un afectado siempre preguntan a la persona si en los próximos dos o tres días le desahuciarán, así como cuál es el banco con quien tiene constituida la hipoteca. «Cada caso es diferente; tenemos que estudiarlos y hemos establecido unos protocolos de actuación para intentar ayudar a los abogados con su trabajo», explica Morrás. «Intentamos aprender del trabajo de los abogados para ayudarles», precisa Martí. Cabe destacar que todos los servicios que presta esta plataforma son gratuitos.
Por el momento tienen claro que el perfil de personas afectadas por la hipoteca en Eivissa corresponde a gente «trabajadora y que ahora está pasando una situación difícil». «Los primeros casos que nos han llegado no es que sean de personas desfavorecidas; son gente que trabaja y que de repente se ha visto sin recursos económicos para hacer frente al pago de la hipoteca», explica Morrás. A este perfil hay que sumar otro: personas que estaban afincadas en Eivissa y que han tenido que regresar a la Península por no poder pagar la vivienda en la isla. Ayer tuvieron la primera llamada en este sentido cuyo desahucio se ejecutará este mismo miércoles. «Cada vez llegan más casos», precisa Martí.
Por ello, no entienden cómo ayuntamientos como el de Vila se negara en el último pleno a aprobar una declaración que instara al Gobierno a modificar la ley hipotecaria y a legislar la dación en pago, así como a cancelar todas sus cuentas en los bancos que estén ejecutando desahucios en las Pitiüses. «Es una postura cómoda que cuesta entender cuando las personas que dirigen las instituciones locales seguro que conocen gente del municipio que está en paro. Es una falta de sensibilidad», explica Morrás.
Por eso, la PAH considera que las instituciones locales «se deberían implicar más con las personas porque se trata de sus vecinos». En este sentido hacen un llamamiento a la sociedad para ayudar a frenar los desahucios, como por ejemplo, que las policías no colaboren en las ejecuciones hipotecarias.
Morrás y Martí destacan que, al tratarse de un sitio pequeño, hay gente a la que le cuesta pedir ayuda al principio. «Hay personas que se van acercando poco a poco y cuando ven que hay más gente en su misma situación se abren», explican.