El president del Govern, José Ramón Bauzá, se vio ayer obligado a ceder a las presiones de las grandes superficies con la implantación del impuesto por contaminación medioambiental, que supondría la recaudación de 8,5 millones en 2013, por lo que ha «abierto una pequeña puerta» a una renegociación de las cantidades a pagar, según anunciaron ayer los representantes de las grandes superficies, tras finalizar una reunión que duró dos horas en el Consolat de la Mar con el president Bauzá y el vicepresidente económico Josep Ignasi Aguiló.
Los representantes de las grandes y medianas superficies ANGED y Asedas, así como de la patronal CAEB, señalaron que el impuesto podría destruir hasta 2.900 empleos directos y supondrá la paralización de proyectos de inversión en Balears por más de 171 millones de euros en el período 2013-2014.
Reivindicaciones
El delegado de ANGED en Balears, Francisco García, puntualizó que si el Govern quiere recaudar 8,5 millones con esta medida impositiva, «nosotros pretendemos recaudar cero, por lo que en algún sitio nos encontraremos, porque si no hay acuerdo llevarán el asunto a los tribunales».
García, además, añadió que las grandes superficies «generan más de 446 millones de euros de compras al año a proveedores locales, cantidad que se vería afectada con el nuevo impuesto».
El vicepresidente económico Josep Ignasi Aguiló, por su parte, afirmó que todavía no han hablado de «cifras» y avanzó que en las próximas reuniones acercarán «posturas» porque debido al momento económico actual, se tiene que abordar «la economía en su conjunto y no sólo por los intereses de determinados comerciantes. Contrastaremos datos con las grandes superficies».
Preguntado si se sentía deslegitimado por la opción dada por el president Bauzá, dijo: «No me siento deslegitimado. Pensamos que todo lo que proponemos va a generar recuperación económica y aunque no está en el ideario del PP, no van a destruir puestos de trabajo, sino todo lo contrario».
Las patronales entienden que la Vicepresidencia Económica ha hecho un cálculo a la baja de lo que realmente pagarán las empresas e insisten en que abordarán la negociación partiendo «de cero» para intentar llegar a un acuerdo con el Govern.