El presidente de la Asociación de Rent a Cars de Eivissa y Formentera, Juan Cárdenas, ha mostrado su confianza en que la modificación del decreto ley de medidas urgentes para sancionar a los taxis «pirata» tenga carácter retroactivo y los empresarios puedan recuperar sus vehículos, todavía retenidos, sin tener que abonar las correspondientes multas. El Govern ha modificado este decreto ley para eximir de esta responsabilidad a los rent a cars.
«Al final nos han dado la razón porque era algo en lo que todos reconocían haberse equivocado. Es una alegría, aunque como el Govern no deja de darnos sorpresas, ahora estamos enfrascados en la lucha para que retiren la tasa medioambiental por contaminación de los vehículos», ha asegurado.
Cárdenas ha añadido que «ya que aprueban estas modificaciones, esperamos que tengan carácter retroactivo, puesto que todavía hay vehículos retenidos que esperamos poder recuperar sin tener que pagar multas».
El presidente ha recordado que esta temporada se han retirado 67 vehículos, propiedad de algún rent a car, por ejercer de taxi pirata. De ellos, «el 25% todavía podría estar retenido», según Cárdenas.
Desde el sector han mostrado su confianza en poder recuperar también las cantidades económicas invertidas en la recuperación de sus automóviles. «Se nos dijo en su momento que tendríamos que seguir las vías administrativas y denunciar si queríamos recuperar algo. En septiembre, calculamos que la recuperación de unos 50 vehículos retenidos supuso un coste de 300.000 euros a las empresas. Al final fueron 67, así que el coste podría incrementarse en 100.000 euros más», ha insistido.
En cuanto a la «autotasa», Cárdenas ha lamentado que en la última reunión celebrada con el Govern «no estuviera el vicepresidente Aguiló, lo que fue una sorpresa ya que sólo acudieron los técnicos, que intentaron llegar a un acuerdo sobre el anteproyecto de ley».
«Ya estamos estudiando cómo matricular nuestros vehículos en otros domicilios. Al Govern no le afectará, pero sí a los ayuntamientos. Sólo quieren recaudar dinero y ya nos han dicho que les da igual que cambiemos la sede social. Es una ley totalmente discriminatoria», han insistido desde la Asociación.