La diputada de PSOE-Pacte Pilar Costa criticó ayer duramente los cambios que quiere introducir el PP en la ley del buen gobierno aprobada por los socialistas y que consisten, entre otras cosas, en la eliminación de la obligatoriedad de publicar las subvenciones y los criterios de adjudicación de los contratos. Según explicó Costa, el PP quiere recortar en un 40% esta ley y dejar de dar información de los gastos de más de 500 euros en cuestiones de protocolo.
Alertó además de que el PP también quiere que el jefe de la Oficina de Evaluación Pública, que es el órgano que tiene que controlar por ejemplo los casos de incompatibilidad de los cargos públicos, sea un cargo político y no un funcionario como era hasta ahora. Y todo ello, según recordó la diputada socialista, cuando la Justicia está investigando al presidente Bauzá por incompatibilidad con su farmacia.
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