La portavoz del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), Neus Prats, aseguró ayer que «se esperaba» que el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa descarte archivar la imputación de la exconsellera de Vies i Obres, Stella Matutes, por el caso ses Variades, tal y como solicitaban su defensa y el Ministerio Fiscal. Según recordó Prats, «evidentemente la Audiencia Provincial ordenó que se abriera juicio oral», y por este motivo, «hubiera quedado bastante raro (que el Juzgado de Eivissa) insistiera en la actitud».
La portavoz del GEN se refirió así a que Audiencia Provincial ordenó la apertura de juicio oral contra la exconsellera por el delito de negociaciones prohibidas en el caso ses Variades, estimando así en parte el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular (que integra el grupo ecologista), contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, que había archivado la causa.
Durante la audiencia previa celebrada la semana pasada para notificar a Stella Matutes los delitos que se le imputan, su defensa pidió la prescripción de los delitos, extremo que no compartió el letrado del GEN al señalar que se la ha acusado de estos hechos desde el inicio de la denuncia.
Para Neus Prats, esta solicitud por parte de la exconsellera tiene el objetivo de «poner palos en la rueda todo lo que se pueda, para alargar el proceso todo lo que se pueda y no llegar al juicio». «Es comprensible», destacó Prats.
Cabe recordar que, según avanzó este periódico, el Juzgado de Eivissa ha rechazado la petición de archivo y ha instado a seguir el procedimiento por el que la exconsellera debe ser juzgada. También ha descartado practicar nuevas diligencias porque, entre otras cuestiones, la Audiencia Provincial considera que ya existen «elemento suficientes para proceder a la apertura de juicio oral».
Los hechos se remontan a 2005, cuando Stella Matutes votó a favor de la aprobación del Plan Territorial Insular (PTI), en lugar de abstenerse por tener «intereses familiares y particulares», según consta en la resolución de la Audiencia, que indica que estaba «obligada» a no participar de la votación «por el deber de imparcialidad y objetividad que le afectaba».