La nueva ordenanza de ruidos que está elaborando el Ayuntamiento de Sant Antoni incluye el pago de 150 euros por cada sonometría que realice la Policía Local cuando exista una denuncia. Este importe será abonado por el local denunciado en el caso que la medición sea positiva, pero por el denunciante en el supuesto que sea negativa. Es decir, si un vecino denuncia a un local o particular porque cree que se está excediendo en el nivel de ruido permitido y la Policía Local comprueba con el sonómetro que no es así deberá ser el vecino denunciante el que abone los 150 euros.
Esta medida, que ayer fue tachada por PSOE-Pacte «de auténtico escándalo» al entender que así no se persigue al infractor, sino que se persigue a los vecinos afectados por los ruidos, fue matizada por el concejal de Gobernación, Xicu Cardona, que explicó que en la actual ordenanza ya existía la obligación de pagar la prueba de sonometría, «era una empresa privada que se encargaba de realizarla y suponía un coste importante para las arcas municipales, 1.000 euros por sonometría, pero en la práctica no se cobraba».