Representantes de la distribución comercial, la industria alimentaria y de bebidas, la hostelería y el reciclaje se han unido este viernes para rechazar el nuevo impuesto sobre envases y han avanzado que intentarán evitar su aprobación o recurrirán al Tribunal Constitucional para conseguir su derogación, ya que ven indicios de inconstitucionalidad, así como a las autoridades europeas, al considerar que es «claramente incompatible» con la legislación actual.
En una rueda de prensa en la que han participado representantes de entidades de ámbito local y nacional de los sectores afectados por el impuesto, el director general de Aces, Aurelio del Pino, ha destacado que este impuesto «rompe con la armonización» nacional y europea en materia de envases, por lo que, de aplicarse, Balears verá afectada su competitividad, lo que se traduciría en pérdidas de inversión y empleo.
En ese sentido, el director general de Asedas, Ignacio García, ha criticado que el Govern haya buscado primero la cantidad que deseaba recaudar y después, el lugar de donde sacarla, lo que a su parecer ha supuesto un «ataque injustificado» al sector comercial, que además podría asentar precedentes para el futuro.
«Está injustificado desde el punto de vista medioambiental y es muy desproporcionado en cuanto a sus cuantías», ha manifestado García, que ha alertado de que esta tasa no contempla el valor del contenido, por lo que introduce una mayor carga fiscal a productos económicos, de primera necesidad y de consumo frecuente.