El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha exigido hoy al Gobierno que el proceso para la reforma de la financiación autonómica «tenga en paralelo un debate para establecer un nuevo sistema de financiación local».
Zarrías ha asegurado que su partido no permitirá que la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que analizará una comisión creada ayer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se lleve a cabo sin abordar la modificación del modelo de dotación de fondos de los Ayuntamientos.
«Si eso no ocurre, volveremos a las andadas» al mantener un sistema de financiación de las corporaciones locales insuficiente para atender debidamente sus competencias, ha indicado el dirigente socialista durante una visita a Mallorca para tratar con responsables municipales de su partido el proyecto de Ley de Administraciones Locales.
Para Zarrías, es injusto que el PP pretenda responsabilizar a los ayuntamientos de una parte significativa del déficit público, ya que su deuda supone solo el 4 % de la del conjunto de las administraciones españolas.
En su opinión, el Gobierno difunde la falsedad de que las administraciones locales son una fuente importante de déficit para justificar un proyecto de ley con el que «pretende acabar con la capacidad de los ayuntamientos para resolver los problemas de la gente».
«Quieren acabar con buena parte de los servicios públicos» para privatizarlos, ha recalcado Zarrías, que ha subrayado que el PSOE está dispuesto a recurrir la futura ley ante el Tribunal Constitucional porque vulnera la autonomía local, altera el reparto competencial y es arbitraria.
Estos criterios son compartidos por muchas administraciones locales y autonómicas, incluso gobernadas por el PP como el Govern balear, ha manifestado el dirigente del PSOE en alusión a una información del diario «Última Hora» según la cual el ejecutivo de José Ramón Bauzá ha alegado que la ley vulnera el Estatuto de Autonomía y pone en riesgo prestaciones básicas.
Además, Zarrías ha indicado que los sindicatos mayoritarios en las administraciones municipales estiman que si el proyecto legislativo se materializa podrían perderse entre 150.000 y 200.000 empleos públicos por la privatización de servicios que ahora prestan directamente los consistorios.