El PSIB está estudiando interponer medidas judiciales contra los nuevos impuestos sobre los envases de bebidas, los coches de alquiler y las grandes superficies en consonancia con los sectores empresariales afectados, que están decididos a llegar hasta el Tribunal Constitucional.
«La voluntad política de parar estos impuestos está clara para el PSIB», ha declarado en rueda de prensa la líder socialista, Francina Armengol, quien ha matizado que no hay una decisión tomada y que habrá que esperar a que la ley que contempla estos gravámenes sea finalmente aprobada en el Parlament.
Mañana comienza la tramitación legislativa de los impuestos, en la que los socialistas defenderán 90 enmiendas parciales, ha recordado Armengol.
Aunque es «la última opción», ha insistido, las posibilidades de las patronales afectadas por los impuestos de recurrir al Tribunal Constitucional a través de un grupo parlamentario pasan por el PSOE, puesto que se precisan las firmas de 50 diputados o senadores, y, obviamente, el PP no respaldaría un recurso judicial contra el Govern.
Para la portavoz parlamentaria del PSIB, el Govern debería renunciar a la aplicación de estos impuestos si consigue que el ejecutivo central autorice la flexibilización del objetivo de déficit para este año, fijado en el 0,7 %.
Armengol, que ha reiterado muchos de los argumentos esgrimidos por su partido en las últimas semanas contra los impuestos, ha subrayado que tienen «dos características notorias propias de la manera de gobernar de Bauzá», que son «la mentira y la imposición».
Respecto a la primera, ha destacado que el PP prometió no subir la presión fiscal durante la última campaña electoral, y en cuando a la segunda, ha puesto el acento en que el presidente del Govern aprueba los gravámenes «contra todo el mundo, sin hablar con nadie».