El conseller de Presidencia, Antonio Gómez, ha manifestado este martes que el Govern únicamente no está de acuerdo con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) sobre los despidos en el sector público, por lo que «vamos a recurrir en casación al Tribunal Supremo».
En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el posible coste que podría tener para las arcas públicas el hecho de que los 600 despidos sean declarados nulos, Gómez ha remarcado que «estamos ante un debate jurídico que no está resuelto y, por lo tanto, tenemos que acudir al Tribunal Supremo». En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo balear «trabaja en defensa de los intereses generales».
Por su parte, la socialista Pilar Costa ha recordado que el Govern ha despedido a más 600 trabajadores del sector público y que algunos de éstos han sido declarados nulos por los tribunales. Según ha manifestado, una sentencia del pasado mes de abril anula un despido «porque se saltaron cualquier formalidad».
Asimismo, la parlamentaria ha añadido que su grupo tiene «ciertas sospechas» de que, en determinados casos, han sido «despidos a la carta» sin un criterio objetivo, sino únicamente «partidistas».
Por todo ello, ha pedido al Govern que «no sigan» porque el coste para las arcas públicas será «multimillonario». Además, ha añadido que no es cierto que únicamente haya 130 recursos ante la Justicia, puesto que el sindicato UGT ha presentado una demanda colectiva, en representación de todos los despidos, por lo que «se puede dar el caso de que la Justicia anule los 600 despidos», con lo que las indemnizaciones podrían «superar los 30 millones de euros».
Por otro lado, Costa ha recordado que el Govern creó la Oficina de Control Presupuestario, presidida por Joaquín García, con el objetivo de redimensionar el sector publico. No obstante, ahora «esta gran gestión puede llevar a indemnizaciones millonarias contra el Govern por el deficiente trabajo hecho y por no rectificar», ha dicho la socialista.
En este sentido, la parlamentaria ha apuntado que «lo ultimo que nos faltaba era la amenaza de los tribunales de embargar las cuentas publicas del Govern por su nefasta gestión. Rectifiquen o Bauzá y Joaquín García tendrán que salir por patas», ha dicho, tal y como le pasó a García en el Grupo Drac, «que protagonizó la suspensión de pagos más grande de la historia de Baleares, entre él y Vicente Grande. Espero que no sea un preludio de lo que nos espera», ha añadido.
No obstante, Gómez ha reiterado que «avanzar lo que va a decir un juez sobre casos concretos sería un gran atrevimiento» por su parte. Así, ha remarcado que el Govern trabaja «en aras del interés general» y ha negado que el TSJIB sentencie en contra del Ejecutivo balear. «Lo que ha hecho es que hay una sentencia que ha sentenciado un caso concreto en el que nosotros no estamos de acuerdo con su argumentación y vamos a recurrir en casación al Tribunal Supremo», ha reiterado.
Asimismo, Gómez ha apuntado que mientras se producía la sentencia del TSJIB de un despido de una persona en la ATB, un Juzgado de lo Social avalaba la amortización de cuatro plazas en empresa Trambadia y otro Juzgado de lo Social hacía lo propio con empresa Gesma.
«Estamos ante un debate jurídico que no está resuelto y, por lo tanto, tenemos que acudir al Tribunal Supremo, garantizar que el Goven trabaja en defensa de los intereses generales, creo que hablarle de defensa de los intereses generales es como hablarle en chino mandarín», ha dicho a Costa.