El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha asegurado hoy en su exposición final en el juicio del caso Scala que el expolio de más de 11 millones de euros de las arcas públicas baleares por parte de esta trama «es la corrupción» y ejemplo de una secuencia de hechos que «se repite de forma interminable».
Según Horrach, el testimonio de la arrepentida Antonia Ordinas, exdirectora del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), «es un relato pormenorizado de la impunidad, del saqueo sistemático de las arcas públicas y de cómo se utiliza la Administración para intereses bastardos».
«Detrás de demasiadas decisiones administrativas, existen razones puramente económicas de más que dudosa legitimidad», ha afirmado Horrach en su alegato, en el que ha dicho que a la vista de los numerosos casos de corrupción de los últimos tiempos «prácticamente puede generalizarse esta afirmación».
Niega el pacto con Ordinas
Horrach ha negado que la confesión de Ordinas sea fruto de un pacto con la Fiscalía y ha dicho que junto con la reparación económica de los perjuicios que ocasionó ha posibilitado que una semana antes del juicio se alcanzara un pacto de conformidad con la mayoría de acusados.
El fiscal se ha referido al principal imputado en esta causa, el exconseller de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona, como «el jefe de la banda», por ser quien tenía la responsabilidad administrativa, política y económica, y ha relatado pormenorizadamente hasta 31 indicios en su contra que considera coherentes y objetivables.
Retirada del pasaporte
Anticorrupción, además, ha solicitado la retirada del pasaporte a Cardona, así como su personación diaria en dependencias judiciales y que se le prohíba salir del territorio nacional, al considerar que sobre él pesan indicios suficientes de criminalidad que puedan conllevar un posible riesgo de fuga.
Así lo ha pedido el fiscal Pedro Horrach durante la vistilla que se ha celebrado durante quince minutos después de que el juicio por el caso Scala haya quedado esta tarde visto para sentencia. El Ministerio Público sostiene que en estos momentos sí existe la posibilidad de que Cardona eluda la acción de la justicia, dados los recursos económicos de los que dispone y debido a que la acusación reclama 21 años de cárcel para él.
El tribunal deberá decidir a partir de ahora si atiende a la petición de medidas cautelares formulada por la Fiscalía contra el exalto cargo del PP, para quien su defensa ha pedido durante la última sesión de la vista oral la libre absolución de su patrocinado.
Miles de actos delictivos
Cardona se enfrenta a una petición de pena de 21 años de cárcel y una multa de 7,5 millones de euros por siete delitos: asociación ilícita, malversación de caudales públicos, delitos continuados de cohecho, prevaricación, falsedad documental por funcionario y en documento mercantil y fraude a la administración.
Horrach ha admitido que existen algunas lagunas en la investigación, que ha atribuido a que «la actividad delictiva se desarrolló durante cuatro años y de forma muy intensa» en el CDEIB, por lo que «reconstruir de forma absolutamente fiel los miles de actos delictivos que perpetró la trama compuesta por Cardona y sus adláteres es prácticamente imposible».
Entre las irregularidades ha mencionado cuantiosos contratos amañados, elevados pagos por una guía turística plagiada y trabajos copiados de internet y un plan de negocio en China del CDEIB que «es un libro que relata cómo saquear los fondos públicos».
La Fiscalía y la acusación particular que ejerce la comunidad autónoma de Baleares (CAIB) coinciden en su petición de penas de prisión para los 17 encausados en este juicio, así como en la reclamación de una responsabilidad civil de 11,5 millones de euros y 1 millón de dólares, por las cantidades íntegras de fondos públicos defraudados más los intereses legales que impliquen.
Pago de intereses
El abogado de la CAIB ha remarcado que solo la devolución del préstamo de 4 millones pedido por el CDEIB en 2005 para financiar sus actividades irregulares supondrá que la comunidad balear estará devolviendo dinero hasta 2019 y pagará 1,7 millones de intereses.
Además reclaman al Partido Popular que restituya de forma directa 10.585 euros al Govern por el traslado de material electoral del PP de Mallorca a Ibiza, cuantía por la que responderían subsidiariamente Cardona con el 50 %, el ex director general de Industria Kurt Viaene con el 30 % y el trabajador del CDEIB Antonio Munar con un 20%.
De los 17 encausados, 15 se han conformado con las penas, rebajadas por atenuantes de confesión y reparación del daño, y solo Cardona y el presunto testaferro Jaime Julio Fernández han reclamado la libre absolución.
Además los empresarios Francisco García Ferrato y Jaume Gil han rechazado la petición de responsabilidad civil por considerarla excesiva.
Las penas reclamadas a los principales imputados son: para Viaene, 5 años y 10 meses de cárcel y sanción de 703.600 euros; para Ordinas de 4 años y 2 meses y 503.600 euros; para su pareja, la cantante de ópera Isabel Rosselló de 1 año y 9 meses y 301.200 euros; para el empresario Felipe Ferre de 3 años y 9 meses y 3.600 euros; y para el empresario y consultor Arnaldus Mateo Van den Hurk, 2 años y 3 meses y 23.600 euros.
Llegesc "intereses bastardos". No és massa retòric i, sobretot, endarrerit respecte als models de famila actuals?