«Queremos que quede claro que el único responsable de la situación actual de sa Penya es el Ayuntamiento de Eivissa, en ningún caso las familias». Así de tajante se muestra Manuel Palá, propietario de una vivienda en el barrio y portavoz de «prácticamente todos los propietarios de sa Penya» que exigen soluciones definitivas «a casi tres décadas de deterioro en el barrio». Hartos de esperar a que se cierre el proceso expropiatorio de la de la UA27, comprendida entre las calles Alt y Retir (los habitantes de al menos 15 viviendas se han negado a abandonarlas), la Asociación Salvem sa Penya i es Port emprenderá acciones legales contra el gobierno municipal. Aproximadamente unos 12 vecinos reclamarán al Consistorio responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados -«los robos sufridos en el último año y medio, coacciones o pintadas, además del daño moral»- y pedirán a la administración, y si es necesario al tribunal del contencioso-administrativo, que se proceda a los desahucios «ahora que la toma de posesión de las viviendas por parte del Ayuntamiento nos permite hacerlo».
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