La todavía alcaldesa de Eivissa, Marienna Sánchez-Jáuregui, aseguró ayer que «no es lógico» que los concejales de su equipo de gobierno integrados en la comisión de investigación del caso Prensa Pitiusa firmaran junto a los grupos de la oposición las conclusiones que la señalan como las responsable de las facturas irregulares y que piden su dimisión. «Me sorprendió que mis propios concejales estuvieran de acuerdo con un documento que está firmado por PSOE-Pacte», añadió la alcaldesa, sobre el informe que fue redactado por los socialistas y con el que los ediles del PP se mostraron de acuerdo, excepto en el punto que también pedía la dimisión de la teniente de alcalde, Lina Sansano, por haber firmado las facturas. Aún así, Jáuregui no quiso hacer valoraciones sobre si Sansano y Juan Daura debían seguir su mismo camino y renunciar a sus cargos ya que también estuvieron involucrados en este caso.
Sobre su sucesora, Jáuregui respondió con un escueto «si el partido decide que es Pilar Marí, es la persona adecuada». Asimismo, sobre si los ediles populares están de acuerdo con esperar hasta el pleno extraordinario para que formalice su renuncia señaló que desconoce sus opiniones y que en definitiva «es una decisión y una potestad» suya. «Han estado en las reuniones y no han dicho nada, por lo tanto si no han dicho nada supongo que están de acuerdo», añadió la alcaldesa, en referencia a que los concejales del equipo de gobierno, junto a Pilar Marí, fueron citados ayer por la directiva del partido donde se les comunicó que la dimisión de Jáuregui se producirá en el pleno extraordinario.
Por otra parte, Jáuregui no quiso explicar por qué decidió adelantar la destitución de la coordinadora de concejalías, Susana Cardona, que al igual que el resto de cargos de confianza podría haber cesado automáticamente cuando presente su renuncia como alcaldesa. Cardona habría sido de los integrantes del equipo de gobierno que más insistió en su dimisión y Jáuregui firmó su cese el pasado viernes. Sin embargo, Cardona no supo nada hasta ayer cuando llegó a su despacho en el Consistorio y se encontró con la carta de despido.
Asimismo, detalló que tomó la decisión de dimitir durante este fin de semana tras «meditar la situación» porque es «una persona muy reflexiva», dijo. «He leído el documento y después de valorar una serie de circunstancias, más allá de que entiendo que mi actuación ha sido correcta (...), comprendí que cuando eres el cabeza de lista y hay un área que depende directamente de tí, si las cosas no se estaban haciendo bien, aunque creías que sí, la responsabilidad política existe. Entonces, a mí me gusta ser coherente con mi forma de ser y al entender que las cosas no funcionaron como tenían que funcionar en este área, que dependía de mí, había una responsabilidad», destacó Jáuregui.
Por su parte, Vicent Serra reconoció que el Partido Popular de Vila «tiene que remontar la confianza que haya podido perder y es un reto que tiene por delante para llegar con la máximas garantías a la próxima confrontación electoral». «Eso dependerá de los concejales, del partido a nivel local e insular, y de la capacidad de convencer a nuestros votantes de que el PP es una opción con garantías de gobernar la ciudad de Vila», concluyó.
Serra cree que la situación de Vila «no tiene por qué generalizarse» a otros ayuntamientos
El presidente del PP de Eivissa, Vicent Serra, entiende que en los otros ayuntamiento de la Isla, en los que también se favorece al grupo de comunicación Prensa Pitiusa, «todo se ha tramitado en base a informes jurídicos y de intervención que aseguran la legalidad». «Lo que se ha puesto en duda es el Ayuntamiento de Eivissa en un apartado muy concreto que no tiene por qué generalizarse. De eso también haremos valoración próximamente», anunció.
Asimismo, Serra «explicó que dado que este tema afecta a la segunda población de Balears, el PP balear estuvo siempre informado de las gestiones que se hacen desde aquí».
Sobre la posible vertiente penal del caso, que depende de las diligencias informativas que ha abierto Fiscalía de Eivissa, Serra insistió en que el Consistorio «ha enviado todos los datos que son susceptibles de ser analizados» y aseguró que no hará «ningún juicio de valor al respecto».