La asociación de empresario del West End ha presentado alegaciones a la Ordenanza de ruidos y vibraciones que el Ayuntamiento de Sant Antoni aprobará hoy de forma definitiva, y que prevé, entre otras novedades, el cobro una tasa de 150 euros por cada sonometría encargada al Consistorio (que no aplicará en caso de quejas vecinales), y medidas cautelares contra los infractores, como decomisar equipos musicales, precintar establecimientos o suspender autorizaciones.
Los empresarios del West End han pedido que «se acuerde anular, revocar y dejar sin ningún efecto» la nueva normativa mediante un escrito jurídico de más de 50 páginas en el que critican que esta ordenanza es el resultado de un «procedimiento ilegal», al ser «una copia literal, con excepción del régimen sancionador, del borrador de una ordenanza tipo que está en fase de estudio por parte de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori». «El Ayuntamiento de Sant Antoni está infringiendo el principio de legalidad y de jerarquía normativa, se permite el copiar el borrador de una Ordenanza gubernamental que está en fase de estudio y pretende, ni más ni menos, que convertirla en una norma jurídica de plena validez y eficacia», señala la agrupación empresarial.