El Tribunal Supremo revisará el próximo 2 de julio la condena a seis años de prisión por delitos de corrupción que la Audiencia Provincial de Palma acordó, en el caso Palma Arena, contra el expresidente balear Jaume Matas, quien, de ver confirmada la pena, ingresará en prisión.
La Sala Segunda del Supremo celebrará la vista pública y días después dictará sentencia sobre el caso, en el que se consideró probado que Matas benefició con dinero público al periodista que escribía sus discursos, Antonio Alemany (penado a su vez con 3 años y 9 meses de cárcel).
El expresidente balear Jaume Matas fue el cuarto presidente autonómico condenado, en su caso por varios delitos de corrupción.
Matas fue responsable del Govern balear entre los años 1996-1999 y 2003-2007 y ministro de Medio Ambiente de 2000 a 2003.
Sentencia
En la sentencia, la Audiencia de Palma consideraba probado que de 2003 a 2007 Matas concedió a Alemany, mediante un concurso pantalla, 200.000 euros por escribir sus discursos y asesorarle en materia informativa, al tiempo que influyó para beneficiarle con una subvención de 450.000 euros para crear una agencia de noticias.
Matas fue condenado por estos hechos a dos penas diferenciadas: 5 años, 3 meses y 1 día de cárcel en calidad de inductor por los delitos de fraude a la Administración, falsedad en documento oficial y mercantil, prevaricación y malversación, y 9 meses y 1 día de prisión por el de tráfico de influencias.
Las diferentes penas suman una cantidad de años de cárcel que supera con mucho el límite por debajo del cual los tribunales acceden a suspender el ingreso en prisión (dos años) por lo que, de confirmarse todas las condenas, Matas irá a la cárcel.
La primera pena se refiere al concurso otorgado por el Govern a la empresa Nimbus, propiedad de uno de los condenados, para asesoría en medios de comunicación y que en realidad fue un «auténtico disfraz», según la sentencia, para pagar a Alemany los discursos.
La resolución considera probado que Matas quería contar con Alemany, periodista de «dilatada trayectoria» y «afín a posicionamientos del Partido Popular», pero este último no deseaba que se le contratase como asesor externo del Govern porque quería «mantener el anonimato» como tal y seguir dedicándose a sus empresas y a su actividad como articulista.
Esto último, destaca la sentencia, reportaba a Matas, dada la afinidad del periodista con el PP, un «beneficio» o bien a su persona o a su partido.
Para pagarle sus servicios era preciso «acudir a alguna estratagema», por lo que Matas, que según la sentencia «poseía conocimientos de la contratación administrativa», concibió la idea del concurso público a Nimbus, que lo tramitó un departamento dependiente de él y además por la vía de urgencia.
El dueño de Nimbus, Miguel Romero, sentenciado a 1 año, 1 mes y 15 días de prisión por estos hechos, accedió a presentarse al concurso como «favor» personal a Matas y en previsión de futuras contrataciones públicas, pero derivó el dinero que obtenía a una empresa de Alemany, quedándose previamente con un 5 % de comisión.
El concurso lo tramitó el ex director general de Comunicación del Govern de Matas, Joan Martorell, condenado a 1 año y 6 meses, y lo hizo porque era una persona «en extremo obediente y leal al presidente».
Ninguno de los objetivos de este contrato público se cumplió, según la sección primera, y «solo sirvió para retribuir al señor Alemany todos los servicios que el presidente Matas le encomendó y que efectivamente llevó a cabo durante toda la legislatura».
La sentencia cree que Matas actuó en todo esto como inductor ya que «fue él quien, al haber diseñado el plan que otros, en cadena, ejecutaron, posibilitó la aplicación de caudales públicos a un fin meramente particular».
En el caso de la subvención pública a Alemany para crear la Agencia Balear de Noticias (ABN), la sentencia considera probado que el periodista pidió a Matas que le concediera una ayuda para este proyecto.
Martorell, siguiendo las instrucciones del presidente, ordenó a una funcionaria que otorgara la máxima puntuación a la empresa «pantalla» que presentó Alemany a la subvención, en la que figuraban sus sobrinos como administradores pero que, en realidad, era de su propiedad.
Paralelamente a la creación de ABN, Alemany puso en marcha un periódico digital, Libertad Balear, que, según sostiene la sentencia, fue subvencionado de manera fraudulenta con el dinero público.
Por estos hechos, la sección primera considera que Matas es responsable como autor de un delito de tráfico de influencias al haber mediado para conceder una ayuda a una determinada empresa.
Además de las penas carcelarias, el tribunal condenó a Matas a 9 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación para cualquier cargo electivo y a la pérdida de los honores y atenciones protocolarias como expresidente del Govern.