A principios de la temporada turística del año pasado, el Consell d'Alcaldes acordó crear una ordenanza marco contra la venta ambulante en la que se endurecían las sanciones desde los 1.500 euros para las leves hasta los 18.000 para las muy graves. Un año después, y con un arranque de verano con más presencia de vendedores ambulantes de todo tipo, esta ordenanza no llega, las instituciones no logran coordinarse y los comerciantes continúan reclamando más contundencia para luchar contra esta actividad ilegal.
El objetivo de esta ordenanza es homogeneizar el control de la venta ambulante en todos los municipios. «La ordenanza la redactamos en el seno del Consell d'Alcaldes, se la remitimos a todas las asociaciones de comerciantes, a todos los concejales del área y a los sindicatos para que hicieran sus aportaciones. Lo que ocurre es que hay una serie de aspectos que se tienen que contemplar en la Ley de Actividades, que está en trámite parlamentario y pendiente de ser aprobada, por eso los ayuntamientos están a la espera de las modificaciones», explica el conseller de Comerç, Vicent Roig, quien asegura que no es obligatorio que los ayuntamientos adopten esta ordenanza: «No están obligados, pero lo ideal sería que todos se sumasen porque es una voluntad que salió del Consell d'Alcaldes».