La formación PI-Eivissa (Proposta per les Illes), con representación en Sant Antoni a través de Es Nou Partit, criticó ayer que las nuevas normas subsidiarias que hoy se aprobarán en el pleno de la Corporación «nacen viciadas por falta de consenso» y «no crean ciudad». «Es un plan urbanístico que no planea», denunció el portavoz, Juanjo Ferrer, para quien el nuevo documento «no nos dice hacia donde vamos ni qué queremos de Sant Antoni» sino que servirá para legalizar «las ilegalidades heredadas de las anteriores legislaturas, también gobernadas por el PP».
Un ejemplo de esta falta de planificación es, según Ferrer, que con las nuevas normas «Sant Antoni se queda sin campo de fútbol», un equipamiento deportivo que «desaparece del planeamiento». «El campo de fútbol es de propiedad municipal y no está dibujado como equipamiento sino como solar de uso lucrativo para hacer viviendas», explicó el concejal.
Ferrer recordó que «el debate está en que el campo de fútbol hay que ponerlo en otro sitio» pero lamentó que el Consistorio no haya proyectado aún donde ubicarlo mientras le otorga esta calificación que no podrá impedir la desaparición del estadio si el resto de los propietarios de los solares colindantes, reunidos en la misma unidad de actuación, deciden, por mayoría, edificar. Para el edil «resulta curioso que el equipamiento deportivo más importante que tenemos» aparezca con un uso diferente en las nuevas normas. «El campo de fútbol tendría que estar dibujado en otro sitio, pero con esto en la mano podríamos quedarnos sin él», advirtió Ferrer.
Entre las críticas al documento que se aprobará hoy, y que el grupo Es Nou Partit ya anunció que votará en contra o se abstendrá, pero que, en todo caso, «no votará a favor», Ferrer se quejó de que esta revisión del planeamiento de 1987 transforma «un plan general en unas normas subsidiarias» y recordó que mientras un plan «es mucho más extenso y necesita argumentar mejor las cosas, sobre todo en la justificación económica de las actuaciones que se harán, las normas subsidiarias están previstas solo para delimitar suelo urbano y suelo rústico».
En este sentido, insistió en que el documento, en base a la ley 7/2012 y a la creación de la figura de Asentamiento de Medio Rural (AMR), permite regularizar «ilegalidades» e incorporar como urbanos los núcleos rurales «tal y como están». «Se permite legalizar urbanizaciones ilegales y se crea nuevo suelo urbano, pero de mala calidad porque no tendrá ningún tipo de servicios, no se harán cesiones y no se urbanizará como corresponde. Sabemos que se da solución a mucha gente, pero creemos que la forma no es la correcta», añadió el edil. Para Ferrer, esta medida beneficiará a los infractores pero dejará sin posibilidades a aquellos propietarios que «han hecho las cosas bien pero que ya no podrán construir porque también es una puerta que se cierra para el futuro».
Entre otras cuestiones, el concejal pide que el Consistorio y los vecinos tengan «algo que decir» con respecto al desarrollo del recinto de sa Coma, que es del Consell pero «está prácticamente dentro de Sant Antoni» y también en la zona de ses Variades, «que siempre ha sido nuestra y se debe recuperar para los vecinos». En este sentido, propone hacer «un concurso de ideas para que la gente de Sant Antoni diga lo que quiere hacer en ese espacio, como puede ser una gran zona de equipamiento municipal o privado».
Ferrer también criticó que se deje la ordenación de los núcleos de Sant Rafel, Santa Agnès y Sant Mateu para un futuro a través de planes especiales, «porque se condena otra vez a que la gente de las parroquias no pueda tener servicios [aceras, iluminación, etc] y a tener que esperar a que se haga un plan especial», criticó, y también mostró su desacuerdo con la ampliación del polígono industrial de ses Païsses.
Por último, anunció que su grupo presentará alegaciones y que durante el período de exposición pública, dado que es un documento complicado, Es Nou Partit se pondrá a disposición de los vecinos para explicar su opinión o para ayudarles con sus dudas. Tampoco descartan hacer un debate público.