El traslado de los autobuses a la nueva estación Cetis está más judicializado que nunca. Al recurso que presentó el Consell hace unos días para suspender la puesta en marcha de esta infraestructura el 1 de julio se une ahora otro contencioso contra las tarifas que se pretenden aplicar y que aprobó en su día el Ayuntamiento de Eivissa. En el recurso piden además la suspensión cautelar de estas tarifas porque si se llegaran a aplicar y después fueran anuladas judicialmente, sería «imposible retornar el dinero a los pasajeros».
En concreto, el Consell solicita la suspensión de dos de los cuatro precios aprobados por el pleno de Vila del pasado 28 de febrero. Son los dos que afectan al transporte regular de viajeros, que son las líneas interurbanas del Consell: el que se aplicará por pasajero (5 céntimos) y el que se cobrará por carga y descarga de autobús regular (5 euros cada vez).
No se contó con ellos
Según detalló ayer la máxima institución insular, «el Ayuntamiento no cuenta con ninguna línea de transporte regular urbana y en el diseño y planificación de la estación no se ha contado con el Consell, que es quien tiene la competencia, ni con los potenciales usuarios». De hecho, la institución insular entiende que la estación se ha construido y se pretende explotar conforme a un contrato adjudicado por una empresa pública, Imvisa, sometida al derecho privado, «que no puede obligar a terceros que no han sido parte en el contrato».
Otro de los argumentos es que el contrato que se hizo con la sociedad Cetis-Sagalés, es de concesión de obra pública, lo que sería equivalente «a los que se hicieron en su día para construir autopistas de peaje o aparcamientos municipales» y donde el uso de la obra «es voluntario». «En caso de que la obra sea de uso obligatorio, como se pretende con el Cetis, el procedimiento es diferente y el precio se tiene que fijar mediante una ordenanza fiscal que establezca unas tasas, ordenanza que se tiene que tramitar teniendo en cuenta trámites de audiencia y alegaciones de los afectados», indica el Consell.
Según explicaron desde la institución, el objetivo de todos estos recursos contra el consistorio es «defender los intereses de los viajeros, que pueden ver incrementado de forma sustancial el precio del billete, así como ver afectadas las frecuencias, los horarios y la operatividad del transporte público de Eivissa». Además de estos dos recursos se presentará otro contencioso para que se revise de oficio toda la concesión.