Amnistia Internacional denuncia que Balears viola los derechos sanitarios de los inmigrantes irregulares con la aplicación del real decreto ley 16/2012 que ha dejado a cerca de 20.000 personas (15.432 según los datos que baraja el IB-Salut) sin tarjeta sanitaria.
Así lo indicó ayer el director de Amnistia Internacional España, Esteban Beltrán, en la presentación del informe ‘El laberinto de la sanidad', que analiza y denuncia la situación sanitaria de los inmigrantes irregulares en las Islas. Beltrán estuvo acompañado de Ignacio Jovtis, autor del informe y de dos inmigrantes, enfermos crónicos, que han tenido problemas para poder conseguir atención sanitaria, la uruguaya Silvia Graciela Velázquez y el chileno Luis Andrés Ulloa.
Testimonios
Silvia Graciela Velázquez, que tiene una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y lleva diez años en España, explicó que «antes de la entrada en vigor de la ley, yo tenía tarjeta sanitaria, y me hacían controles cada dos, tres o seis meses y ahora no me hacen ninguno».
«Los tratamientos son muy caros y no puedo pagarlos, porque no puedo costear medicamentos que me cuestan 300 euros al mes», añadió Velázquez.
«Llevo 6 años viviendo en España. Tengo epilepsia y hace tres años me detectaron un cáncer de vejiga. Cuando me detectaron el cáncer me operaron sin ningún problema y ahora, que tengo que hacer controles, no sé si cuando vaya al hospital me van a atender o no», explicó Luis Andrés Ulloa.
Tanto Silvia Graciela Velázquez como Luis Andrés Ulloa afirmaron que ellos no quieren enfermar pero que, en cualquier caso, quieren «que nos devuelvan los derechos que teníamos antes de que entrara la ley».