El pleno del Parlament ha aprobado en el tercero de tres plenos extraordinarios consecutivos la Ley de Coordinación de Policías Locales de Baleares. Cuenta con el apoyo del PP y la abstención/voto en contra de los partidos de la oposición en la mayor parte de los artículos, aunque al menos diez se han aprobado por unanimidad.
La principal discrepancia puesta de manifiesto por PSIB y MES y los diputados no adscritos Margalida Font y Antoni Pastor ha sido la "la aberración de la eliminación" del catalán como mérito, y no como requisito, para formar parte de los cuerpos de policía municipales.
El diputado del PP Fernando Rubio, que ha agradecido la actitud favorable a alcanzar acuerdos de la oposición, ha defendido que en el asunto de la lengua su partido mantiene en esta norma el mismo criterio que aplicó para suprimir la obligatoriedad general de que los funcionarios acreditaran conocimientos de catalán.
Los aspirantes a futuros agentes de Policía Local tendrán que superar unas pruebas teóricas, aparte de tener los requisitos y méritos necesarios y hacer un proceso de prácticas. También se modifica la movilidad y ya no será obligatoriamente del 20% de las plazas en cada Ayuntamiento, sino que cada consistorio podrá reservar a movilidad las plazas que desee. También prevé suprimir la obligación de reservar plazas a movilidad y modificar el acceso a los cuerpos de policía para aportar estabilidad a las plantillas.
Proyecto común de seguridad
La normativa tiene como objetivo establecer los criterios básicos para coordinar la actuación de las policías locales en Baleares y, por ello, aborda la formación de los agentes, su integración en un proyecto común de seguridad pública mediante la asociación de los municipios para la prestación de servicios conjuntos y la regulación de diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento de estos cuerpos de seguridad. En este sentido, eleva a rango de Ley los Consejos de Coordinación de Policías Locales. Actualmente, funcionan ocho de ellos.
A partir de la aprobación del texto en el Parlament, la Conselleria de Administraciones Públicas dispone de seis meses para redactar el reglamento de desarrollo.