El Consell d'Eivissa ha recibido un segundo revés judicial en su guerra contra la apertura de la estación del Cetis, cuya puesta en marcha solo depende ahora de la resolución de un tercer recurso interpuesto por las empresas de transporte Voramar el Gaucho y Autobuses San Antonio. El traslado de las líneas previsto entre el miércoles y el viernes de la semana próxima está cada vez más cerca, y una tercera decisión judicial a favor supondrá la entrada en funcionamiento de una infraestructura que lleva dos años cerrada.
La jueza sustituta de lo Contencioso-administrativo de Palma Nº1 de Palma, María José Valero, acordó ayer el levantamiento de la suspensión cautelarísima de las tarifas de la estación de autobuses aprobadas el 28 de febrero por el Ayuntamiento de Eivissa, que implican cinco euros por entrada y salida de autobús, y cinco céntimos por pasajero. Este auto se suma al que ya dictó esta misma semana la otra magistrada de este juzgado, Sara Oliver Zamora, y que levantó la suspensión cautelarísima del decreto de apertura. Ambas decisiones tumban dos recursos del Consell, que deberá hacer frente a las costas del proceso en ambos casos.
Entre sus argumentos, la magistrada destaca que aunque el Consell alega que la aplicación de las tarifas «supondría una invasión de competencias» por parte de Vila, «este motivo no justifica la ineficacia del proceso y el pago de cinco céntimos por viajero no supone ninguna cuantía descabellada ab initio [desde el principio]».
Interés de los ciudadanos
Asimismo, señala que «entre los intereses de dos administraciones, debe apreciarse también el interés particular: el de los ciudadanos, que son, en este caso, afectados por la medida». Para la jueza, «parece quedar acreditado» que la ejecución del decreto de apertura «goza de fuertes exigencias de cumplimiento», a tenor de la «prueba» aportada por Vila en sus alegaciones, «entre las que se puede observar, prima facie, que la situación actual debía ser regulada de otro modo en beneficio precisamente de los ciudadanos, no solo los que en temporada alta visitan la Isla, sino también en pro de quiénes viven en ella».
Entre otras cuestiones, el auto señala que aunque el recurso del Consell «hace referencia a los importes y a los viajeros, no dejan de ser meras manifestaciones no aportándose informe económico alguno que signifique la verdadera incidencia de esos 5 céntimos en las arcas públicas». «De lo aportado no es posible deducir el perjuicio irreparable y menos de una cuestión puramente económica», señala la magistrada, que indica que «en cualquier caso siempre cabría la devolución de los importes a abonar», una medida que el Ayuntamiento de Eivissa deberá tener en cuenta «en sus presupuestos anuales» en caso de que el Consell gane finalmente el pleito judicial.
Por su parte, el Consell remitió ayer en un comunicado en el que «lamenta los gravísimos perjuicios que tendrán estas tarifas para los usuarios del transporte público de viajeros» y destaca que a los 5 céntimos por pasajero que menciona el acto judicial, «según la normativa, en el precio de los billetes se tiene que tener en cuenta también los 5 euros por entrada y por salida de autobús a la estación», que también encarecerán el coste para los viajeros.
«El Consell continuará con el recurso contra estas tarifas, puesto que, de momento, el juzgado no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión», añadió la institución.