La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma notificará este lunes, a partir de las 11.30 horas, la sentencia del caso Scala, centrado en un presunto desvío de más de cinco millones de euros a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007). En el marco de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía balear solicitan 21 años de cárcel para el exconseller de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona, una de las penas más elevadas solicitadas para un político en España.
En total, 17 personas se sentaron en el banquillo de los acusados por estos hechos, entre ellas varios exaltos cargos del Govern: además de Cardona, fueron juzgados el exdirector general de Promoción Industrial del Govern Kurt Viaene y la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas -que admitieron los hechos en su declaración-, quienes, según las acusaciones, planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.
La Fiscalía apunta así al «robo sistemático» efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban «hombres de paja o testaferros» y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.
En sus alegatos finales, el fiscal Pedro Horrach subrayó que el «saqueo sistemático» y el uso de la Administración «para intereses bastardos debe de ser una enfermedad muy contagiosa, dado que la padecen todos los acusados de este caso». Y en el epicentro de esta causa, el exconseller de Comercio, al que el fiscal se refirió como «el jefe de la banda», con «indicios múltiples y variados que conducen a concluir que era el líder de una trama dirigida a saquear las arcas públicas».
En una contundente intervención ante el tribunal de la Sección Primera, Horrach aludió al «historial político» de Cardona, desplegando los numerosos indicios incriminatorios que pesan sobre él, y recalcando cómo lideró el funcionamiento del grupo delictivo y participó en la maniputación de los procedimientos administrativos. «Yo tardé dos segundos en conocer estas reglas básicas de este tipo de procedimientos, *y él no las conocía?», espetó al respecto.
Horrach ya se mostró con dureza en su interrogatorio al exconseller, al aseverar en uno de los momentos de la comparecencia, dirigiéndose al acusado, que «no le voy a decir cuántos casos llevo, pero me los miro todos», después de que el inculpado aseverase que no podía controlar todas las contrataciones que se llevaban a cabo a través del Consorcio que él presidía.
HORRACH ACUSÓ AL PP BALEAR DE ATACAR SISTEMÁTICAMENTE A LA FISCALÍA
El fiscal acusó además al PP balear de atacar sistemáticamente al Ministerio Público haciendo uso de una «teoría de la conspiración» como una secuencia que se repite «hasta la saciedad» en los numerosos casos de corrupción abiertos en las islas, destacando cómo determinadas personas del partido han lanzado mensajes constantes en defensa de sus exaltos cargos imputados y en contra de la Fiscalía hasta que logran «hacer calar» en la sociedad.
Uno de los momentos más tensos del juicio se produjo cuando Kurt Viaene confesó que en el CDEIB, con el conocimiento de Cardona, «se hacía un reparto 'africano' de comisiones», entre otras irregularidades, lo que le llevó a estar a punto de dimitir en 2006 porque «la bola era cada vez mayor». El acusado aseveró que quien recibía las comisiones por parte de diversos empresarios era Ordinas, quien luego las repartía, mientras que él mismo llegó a entregar personalmente al exconseller cinco sobres con 20.000 euros cada uno «en su despacho de Son Rapinya» -donde estaba ubicada entonces la sede de la Conselleria de Comercio-.