a Fiscalía de Eivissa ha interpuesto una denuncia en los juzgados de instrucción contra la urbanización Roca Llisa y sus representantes legales «por si en la instalación o mantenimiento de la barrera y la colocación de cámaras se hubiera cometido delito de prevaricación o cohecho», según refleja la denuncia de la Fiscalía, o bien se esté desobedeciendo la orden de retirada de la barrera por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària. En el caso de que el Ayuntamiento de Santa Eulària hubiera autorizado la colocación de la barrera y las cámaras se ampliaría la denuncia contra el Consistorio, refleja el documento.
La Fiscalía abrió una investigación el pasado mes de febrero a raíz de la denuncia de un particular con el fin de saber si se estaría cometiendo «algún delito de prevaricación o delito de cohecho o delito de desobediencia». Según Fiscalía, el Consistorio remitió al denunciante particular un escrito en el que explicaba que esta urbanización debe tener el «acceso libre para la ciudadanía» y que las cámaras de vigilancia deben tener la autorización de la administración competente. Fiscalía entonces solicitó un informe jurídico sobre la situación de esta barrera y de las cámaras «si bien desde el Ayuntamiento nunca se ha contestado a los requerimientos de Fiscalía».
La privatización de una vía pública tiene sus consecuencias, el que el ayuntamiento de Santa Eulalia, haga la vista gorda a numerosas denuncias resulta un poco más que curioso, me parece que hay algunos intereses creados, según la normativa de seguridad privada, los Vigilantes de Seguridad no pueden ejercer en lugares Públicos y menos en una vía pública, en este caso, debería ser funciones de la Policía Local, ya el hecho de grabar las 24 horas con cámaras de Seguridad, esta violando la Ley de Protección de datos, al estar montadas en espacios públicos o en dirección a los mismos, creo que las autoridades competentes deberían eliminar ya esas barreras y cámaras de seguridad y reubicar a esos Vigilantes donde puedan ejercer sus funciones de acuerdo a la Ley, la fiscalía debería investigar que tipo de cobros y por que se ejercen a los ciudadanos que pagan por un servicio de Seguridad pública, cuando corresponde a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Ibiza es de todos y más cuando es público un camino que conduce a la playa, en su caso a Cala Olivera, ya era hora que alguien haga algo, por que esto es una vergüenza.