Tras las sonometrías privadas realizadas por el grupo político Movimiento Ciudadano Epic, que revelaron que solo dos de los 38 locales de ocio de la isla analizados cumplían los niveles de ruido, los responsables políticos de los ayuntamientos salieron ayer al paso de las acusaciones de falta de control de la contaminación acústica.
El concejal de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Sant Josep, Javier Marí, recalcó que no incurren en «dejación de funciones», aunque reconoció que quizás no se están cumpliendo las expectativas de los ciudadanos porque el sistema de sonometrías es «lento» y «complejo». Cuando un vecino denuncia la Policía Local se tiene que presentar en su casa en el horario acordado y tiene que medir en el interior con las ventanas cerradas pese a que sea verano porque «así lo marca la ley». «Algunos nos dicen que sea con la ventana abierta, pero es que eso es lo que pone la ley, yo no me lo invento», indicó Marí. Después, una vez hecha la medición, hay que identificar la fuente del ruido e ir al local a pedir que apague la música y realizar una nueva medición en el interior de la vivienda. Los resultados de la sonometría tardan un tiempo y además luego es difícil que se logre precintar el local, porque hay que hacer dos mediciones en días distintos para conseguirlo.
«El precinto es algo extraordinario, esto lo hemos hablado con juristas y por eso solo lo hacemos cuando han incumplido dos veces. Si siguen incidiendo tras una sonometría positiva sí que se puede precintar», explicó Marí, que aclaró que también se podría hacer en caso de que se saltaran el horario.