UGT y su secretario general, Lorenzo Bravo, interpusieron ayer una querella contra el president del Govern, José Ramón Bauzá, por emplear los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma al instar en los tribunales una demanda de protección al honor, precisamente, contra Bravo.
La querella presentada en el juzgado de guardia, en la que también se incluye al vicepresidente del Govern, Antonio Gómez, señala que Bauzà ha incurrido, supuestamente, en la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
Añade que el jefe del Ejecutivo balear utilizó, en la demanda contra Bravo, a los abogados del Governa «para una cuestión estricta y meramente personal como es la defensa de sus intereses». «La propia Abogacía era consciente de que la demanda se sustentaba sobre el honor como persona de José Ramón Bauzá y no sobre la institución de la Presidencia como falsa y dolosamente se pretendía hacer creer», señala el abogado de Bravo y UGT, Pablo Alonso de Caso en la querella. Un juzgado de Primera Instancia y la Audiencia archivaron la demanda contra Bravo. El portavoz del PP, Miquel Ramis, afirmó que Bravo y UGT «deberían explicar dónde está el dinero que recibieron para financiar los cursos de formación». Asimismo, Ramis precisó que la Presidencia de la CAIB es una institución «por lo que es obvio que tiene que ser la propia Abogacía la que lleve a cabo su defensa».