Toda la plantilla de chóferes de las tres empresas que se dedican al transporte regular de viajeros por carretera (Voramar el Gaucho, H.F Vilás y Autobuses San Antonio) dieron ayer entrada en el Consell d'Eivissa a un documento firmado por todos los trabajadores en el que exigen a la máxima institución insular, «como responsables del orden y funcionamiento del transporte de viajeros por carretera en la isla de Eivissa», su «inmediata intervención» para poner «coto a todos estos desmanes, provocaciones amenazas que, además de las dificultades naturales, debemos sufrir a diario y que llevan a una situación insostenible».
«Medidas de fuerza»
El escrito continúa advirtiendo de que, en caso de no notarse que el Consell actúa, «nos veremos obligados a tomar medidas de fuerza que pueden perjudicar a nuestras mismas empresas, al público y al transporte en general, pero serán en todo caso en aras de restituir la calidad del servicio y poder operar con seguridad y tranquilidad», explican en el documento. Sobre en qué consistirían estas medidas de fuerza, los trabajadores afirmaron que pasarían «como último recurso» por la huelga o un parón de actividad y que la semana que viene se reunirán para ver cuál es el siguiente paso a dar. «Queremos que el Consell tome medidas; no nos ha contestado a ninguno de los escritos que les hemos remitido y con las firmas queremos demostrar que todos los trabajadores no estamos de acuerdo con la operativa de la estación», explicó Juan Escandell, de Autobuses San Antonio.
Sobre este escrito, el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, recordó que la máxima institución insular tiene recurrida judicialmente la entrada a esta estación. En este sentido precisó, además, que como los técnicos de la máxima institución insular no pudieron «garantizar la viabilidad de la nueva estación, ya le dijimos al Ayuntamiento que no respondemos y ellos se hicieron responsables de que el funcionamiento fuera correcto», explicó Juan. Por ello, los escritos o reclamaciones que hacen referencia a la falta de operatividad, seguridad o mal funcionamiento se remiten al Ayuntamiento, «que es la administración que ha avalado esta puesta en marcha», precisaron desde la máxima institución insular.
Sobre la amenaza de huelga afirmó que no tiene «constancia oficial» de estas intenciones, pero que «es preocupante porque afectaría al transporte público y a los usuarios». Y precisó: «Entre todos tenemos que procurar que esto funcione, pero sabíamos que esto iba a pasar. Hay quejas de usuarios y chóferes». En este sentido, la máxima institución insular cuenta con «varias decenas de reclamaciones de usuarios y trabajadores», según confirmó un portavoz del Consell d'Eivissa.