Si ayer por la mañana, sindicatos, asociaciones de padres y madres, agrupaciones de profesores y grupos de oposición valoraban con optimismo la paralización cautelar del decreto que regula el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), la aprobación de otro decreto por parte del Govern para sortear la decisión judicial terminó por irritar a la comunidad educativa pitiusa.
El sindicato STEI-i, la agrupación Professorat Preocupat, PSOE-Pacte, USO y PI-Proposta per les Illes, se encuentran entre todos los que elevaron el tono de sus quejas tras conocer la última decisión del Govern de José Ramón Bauzá, que califican de «antidemocrática» y tachan de «burla» a la Justicia.
Pere Lomas, portavoz del sindicato STEI-i, calificó el nuevo decreto como «una prostitución de la utilización de las herramientas democráticas». «Pueden ir muy bien vestidos y perfumados pero son poligoneros. Tienen unas formas de hacer carentes de toda ética. La Justicia ha dicho una cosa y en lugar de rectificar, insisten más en el proceso», destacó Lomas, para quien el Govern está compuesto por «un grupo de gente ideológicamente muy marcada, que ignora la educación y la pedagogía».
Piden «éxito» para la huelga
Lomas destacó que continúa la convocatoria de la huelga para el próximo 16 de septiembre, porque «la lucha no ha acabado», y desde el sindicato a nivel balear hicieron una llamada a la sociedad civil «para que la huelga indefinida sea un éxito, ante un Govern que no respeta las decisiones judiciales y hace leyes a la medida de sus intereses partidistas».
Por su parte, el colectivo Professorat Preocupat remitió ayer un comunicado para criticar «el talante autoritario y antidemocrático» del Ejecutivo balear y la «burla» que supone el nuevo decreto para la Justicia. «Las maniobras para anular el poder judicial desenmascaran la forma despótica de gobernar de Bauzá», criticó la asociación de profesores, que considera que la aprobación de la nueva norma «es un caso sin precedentes y un gravísimo atentado contra la Justicia que colocaría al president Bauzá en la posición de prevaricador».
Por su parte, la diputada de PSOE-Pacte, Esperança Marí, aseguró que con la decisión judicial el Govern «tenía una oportunidad de reemprender el diálogo y buscar consensos». «Y en contra de aprovechar esta puerta abierta, sale la consellera Camps y dice que por el contrario hacen un decreto para reafirmarse en su postura. Es una cosa increíble desde todos los puntos de vista, no se entiende. Además, la forma de hacer de la Conselleria está fuera de todo ética. Es lamentable, pero no sorprende», destacó Marí.