Jueces para la Democracia ha expresado hoy su disconformidad «ante la decisión del Govern balear de reducir la enseñanza en catalán en el ámbito educativo, lo cual ha provocado la convocatoria de una huelga indefinida de docentes».
En un comunicado la asociación critica «la forma en la que ha llevado adelante esta decisión, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares había acordado la suspensión cautelar del programa acordado para impulsar este cambio de modelo lingüístico, por no haberse seguido los trámites previstos legalmente».
«Sin embargo, el Govern acordó burlar la resolución judicial e inmediatamente después de esta dictó un decreto-ley con el mismo contenido, actuación que representa una falta de respeto institucional y una reacción inaceptable ante una resolución judicial adversa», añade.
A juicio de esta organización se trata de un nuevo «ataque a los derechos lingüísticos en una comunidad autónoma en la que existe una lengua cooficial».
Jueces para la Democracia recuerda que el artículo 3-2 de la Constitución establece este principio de cooficialidad y que el 3-3 señala que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
«Dicho respeto y protección implica un esfuerzo de normalización lingüística para que las lenguas distintas al castellano no sigan marginadas en el ámbito institucional y social», aclara.
La asociación judiial lamenta que sean «frecuentes las medidas oficiales que siguen provocando en el Estado español una situación de discriminación de los hablantes de lenguas propias en las distintas comunidades autónomas bilingües».
«En algunos ámbitos, como la administración de justicia, el predominio del castellano es casi absoluto, con una clara quiebra del principio de cooficialidad», apunta.
Advierte de que «también en otras esferas, como la educativa, se detectan importantes reticencias hacia la existencia de un bilingüismo real, en los términos de los principios constitucionales».
Tensiones
«Esta visión centralista en el ámbito lingüístico es una de las causas que provocan importantes tensiones territoriales, ante la legítima oposición de quienes hablan las lenguas propias de cada comunidad autónoma ante actuaciones que pretenden la uniformidad lingüística en castellano», comenta.
Jueces para la Democracia estima que «la pluralidad cultural del Estado español debería merecer la máxima consideración de las instituciones y los agentes sociales, al tratarse de una riqueza que forma parte del patrimonio colectivo».
Por ello, «medidas como la acordada por el Govern balear y otras semejantes representan una vulneración de los derechos lingüísticos, así como una perspectiva abiertamente contraria al especial respeto y protección que la Constitución ha establecido para que se pueda alcanzar la plena cooficialidad de las lenguas propias de cada comunidad autónoma», concluye.