«Nos ceñíamos a los informes». El exalcalde de Sant Antoni Antoni Marí Tur y la exconcejala de Urbanismo Blanca Castiella declararon ante la Audiencia que desconocían por completo que hubiera alguna ilegalidad en la costrucción de la mansión del músico rumano-alemán Michel Cretu. En la primera sesión del juicio, celebrada ayer en Palma, los cinco acusados defendieron su inocencia, bien desde la ignorancia o bien descargando en otros cualquier responsabilidad.
El juicio tiene dos partes diferenciadas, por un lado la concesión de la licencia que afecta a los dos políticos y, por otro, cómo la finca pasó de tener 864 metros cuadrados en el proyecto y en la certificación municipal de final de obra a 1.864. Este segundo aspecto es el que implica que el aparejador municipal, Miguel Ángel Martí, afronte una petición de cárcel de tres años por supuestamente haber falseado un informe para encubrir el aumento de la construcción.
El primero en declarar fue el exalcalde, defendido por el letrado Eduardo Valdivia. Marí afirmó que las licencias se concedían en la comisión de gobierno con todos los informes favorables. En el caso de la vivienda de Cretu aseguró cuatro o cinco veces que se «ciñeron» a lo que les dijo el Consell Insular. Señaló que como el Ayuntamiento no tenía suficientes medios al carecer de servicios jurídicos, la única manera que tenían de saber si se podía o no construir en una zona protegida era consultando con la administración insular. En una línea similar, la entonces concejala señaló: «Me parecía todo confusísimo. No entendía nada».
El aparejador municipal defendió que cuando redactó el informe de final de obra, lo construido era lo que había en el proyecto inicial y acusa a Cretu de haber realizado obras sin licencia en la obra. En este sentido, su letrado, Jaime Campaner aportó varias fotografías aéreas del año 2000, cuando se redactó el proyecto y de 2005, cuando se descubrió la irregularidad que muestra que se hicieron obras en ese periodo.
Cretu, por su parte negó que hubiera ninguna ampliación. Sobre la licencia señala que él tenía arquitectos y abogados que se ocupaban de esto. Sin embargo, no pudo concretar si cuando encargó la casa al arquitecto acusado lo que quería era la versión más pequeña o la mayor de la vivienda. Todo lo que admitió es que después de obtener el final de obra del Ayuntamiento construyó unas pérgolas cubiertas en la casa. El quinto acusado, el arquitecto José Torres afirmó que se desvinculó de todo en el año 2000.