El que fuera presidente del Consell en la legislatura 2004-2007, Pere Palau, se mostró ayer totalmente «tranquilo» ante el requerimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca «porque en la época que yo fui presidente se hicieron las cosas dentro de la estricta legalidad y todos los expedientes pasaron los controles internos y externos que tenían que pasar», apuntó.
Palau indicó que la noticia lo cogió en Mallorca y ayer por la tarde no había hablado con nadie al respecto, aunque aseguró que tenía conocimiento de lo que la Guardia Civil había reclamado en la máxima institución insular: «Después de ocho o nueve años (sic) que no soy presidente no llevo los expedientes dentro de la cabeza porque, primero, cada uno de los expedientes se hacía en diferentes departamentos y, segundo, porque a estas alturas ya no me acuerdo», dijo. «De lo que sí soy consciente es de que siempre se optó por obrar con la máxima transparencia y legalidad», puntualizó. El expresidente concluyó mostrando su respeto a la investigación: «Esto viene porque hay un tema abierto y se tienen que agotar todas las posibilidades».
Por su parte, el actual presidente de la máxima institución, Vicent Serra, informó de que se requirieron facturas, expedientes de contratación, aprobaciones de gasto y órdenes de pago que acreditaran los servicios prestados por nueve empresas entre 2004 y 2008, «por lo que afecta a dos legislaturas», precisó.
Serra recordó que estas mismas facturas ya habían sido reclamadas por la oposición en los últimos meses, «pero nosotros optamos por obrar con prudencia, sabiendo que posiblemente podrían estar vinculadas a algún procedimiento que pudiera ir adelante». «Nuestra intención era no mediatizar sino entregar la documentación a cualquier procedimiento que pudiera abrirse o que estuviera abierto». Serra indicó que ahora la documentación «está donde tiene que estar y no en la calle o mediatizada; creo que hemos optado por la máxima cautela a la hora de enfocar el destino de estas facturas».
El portavoz de PSOE-Pacte y expresidente del Consell en la pasada legislatura, Xico Tarrés, recordó que su grupo lleva medio año reclamando esas facturas «y estábamos a punto de ir a Fiscalía porque no nos las entregaban». Tarrés indicó que si Serra ya pensaba que podía haber algo irregular en esta documentación «tendría que haberlo denunciado y no esconderlas». En cuanto a la precisión de que la documentación reclamada también hace referencia a un año de su legislatura, Tarrés apuntó: «Tiene su sentido que un juez pida las facturas hasta 2008 porque hay trabajos que se pueden hacer un año y pagarse el año siguiente». Y recalcó: «Si nosotros, durante nuestra época hubiéramos sospechado algo, lo hubiéramos denunciado, pero la Gürtel no era lo que es ahora».