La concesionaria de la estación de autobuses de Vila, Cetis, ha presentado ante el Juzgado Contencioso Nº1 de Palma un escrito de oposición al recurso de casación que interpuso el Consell contra el auto que levantó la suspensión cautelarísima de la apertura de la estación, y que de esta forma permitió su entrada en funcionamiento y la aplicación de las tarifas de explotación. Según informó ayer la empresa en un comunicado, en esta batalla judicial está también el Ayuntamiento de Eivissa, que ha presentado su propio recurso contra el Consell por el mismo motivo.
En su escrito judicial, la concesionaria Cetis denuncia la postura de «complacencia» del Consell frente a la actitud de «boicot» de los transportistas ante la estación. La sociedad gestora manifiesta al juez su malestar ante la nueva acción judicial adoptada por el Consell, que entiende «como un acto de deslealtad procesal impropio de una institución pública».
Según destaca, el recurso de la institución «no aporta nada nuevo» con respecto al escrito que ya fue rechazado para levantar la suspensión cautelarísima, e introduce artículos periodísticos «con manifestaciones de transportistas (evidentemente interesados en el objeto del litigio) respecto a supuestas deficiencias de operatividad y seguridad de la estación de autobuses (...), pero obviando, en una clara deslealtad procesal impropia (hasta ahora) de una institución pública (…), hacer alusión a la absoluta falta de colaboración por parte de las empresas titulares de las concesiones», critica.
La concesionaria explica al juez que la situación de «boicot» de los transportistas intenta «impedir artificiosamente el normal funcionamiento de la estación, mediante incumplimientos flagrantes al reglamento de funcionamiento y su negativa a facilitar los datos de pasajeros», y otras acciones como «maniobrar de forma lenta, generar ad hoc retrasos en los itinerarios, matener los motores en marcha todo el tiempo de su estancia en la estación, no hacer uso de las taquillas de venta, etc». «A pesar de todas las acciones de boicot, la estación está funcionando desde el pasado 24 de julio a pleno rendimiento», informa la empresa concesionaria, que en su recurso judicial destaca que este hecho «evidencia la endeblez del argumento de la recurrente (el Consell Insular) en cuanto a la falta de seguridad y operatividad de la estación de autobuses».
Según la empresa, la postura de «complacencia» de la institución frente a los transportistas, que intentan «violentar la voluntad municipal» de ofrecer a los ciudadanos «una moderna infraestructura de transporte», es «incongruente» con su argumento de que actúa en defensa «el interés general».