El conseller de Territori, Mariano Juan, aplaudió ayer que la nueva ley del suelo imponga multas coercitivas a aquellos propietarios que se nieguen a demoler las obras construidas sin licencia en suelo rústico. Según el texto, se pondrán sanciones mínimas de 600 euros al mes hasta que los impulsores de estos trabajos irregulares no los derriben.
Juan consideró que esto servirá para que las cosas se hagan bien. «Si se hacen como toca nadie tendrá problemas», indicó el conseller, que cree que en general la conciencia de los ibicencos ha cambiado bastante en los últimos años y ya saben que no hay que hacer obras irregulares.
Eso sí, reconoce que durante años había un sentimiento general de que no pasaba nada si se levantaban viviendas ilegales. «Es cierto que esto había estado muy extendido porque se decía ‘aquí no pasa nada', ‘no se tumba nada', pero esto ha cambiado y hay muchas malas experiencias en este sentido y esto no se tiene que permitir, la gente tiene que construir con licencia y si no se puede hacer, pues no se puede hacer», insistió el conseller, que señaló que si todavía existe algún «residuo de pensamiento de que se puede construir ilegalmente se tiene que cambiar porque esto no puede seguir así».