El aparejador municipal de Sant Antoni, Miguel Ángel Marí Miralles, que fue condenado por la Audiencia Provincial a un año y medio de prisión por un delito continuado de prevaricación, solicitó este jueves por escrito en el Consistorio su jubilación. Por ello, el Ayuntamiento ha pedido a los servicios jurídicos la elaboración de un informe para saber cuál es el siguiente paso a dar. «Hemos solicitado un informe a los servicios jurídicos para determinar la incidencia que esta circunstancia [la petición de la jubilación] puede tener sobre la situación del funcionario, sobre el expediente sancionador», explicó el segundo teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios Vicente Costa, Maymó, en el pleno celebrado ayer.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sant Antoni, que no recibió la notificación oficial de la sentencia porque no es parte en el procedimiento, abrió un expediente sancionador a este funcionario tras conocer el dictamen. Este expediente se ha suspendido «hasta que haya una sentencia firme», aunque continúa abierto.
La polémica sobre el aparejador centró buena parte del debate plenario de ayer con las críticas de los grupos PSOE-Pacte y Es Nou Partit. En esta línea, PSOE-Pacte presentó una propuesta de acuerdo para hacer una auditoria en el departamento de Urbanismo de Sant Antoni: «Esta sentencia judicial es la evidencia de que algo está fallando en el departamento de Urbanismo de Sant Antoni. Lo que está pasando es muy grave y no entendemos que este funcionario siga trabajando. Si tenemos esta sentencia, aunque la haya recurrido, que siga trabajando es una vergüenza. Además, no puede ser ni se entiende que esta persona continúe en su puesto y esté haciendo trabajos de los que más adelante nos podamos arrepentir», recriminó el portavoz del PSOE-Pacte Pep Marí, Marge, al equipo de Gobierno de Sant Antoni.