La exconcejala de Urbanismo de Sant Antoni de Portmany, Blanca Castiella, ha reiterado que su imputación en el Caso Cretu «era muy injusta, porque no entendíamos cómo se nos podía acusar de esto» y por ello valora su absolución como «una gran liberación».
«Los ecologistas lo veían muy claro, pero la realidad es que todo era muy confuso», ha asegurado Castiella, quien ha dudado de que se recurra la sentencia ya que no considera que los ecologistas del GEN «tuvieran mucho éxito».
«No teníamos ninguna seguridad sobre que fuera verdad lo que ellos decían», ha insistido Castiella al asegurar que su absolución en el caso ha sido «una gran liberación, puesto que ha sido un proceso muy largo»
«Al final ha salido bien y estamos muy contentos porque todos hemos resultado absueltos, a excepción de Cretu, que, evidentemente, había construido más de lo permitido», ha dicho.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma condenaba este lunes al músico Michael Cretu a seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. La pena ha sido conmutada por una multa, según informaron fuentes judiciales.
Por otra parte, resultaban absueltos el exalcalde de Portmany, Antonio Marí Tur, y la exconcejala de los cargos de prevaricación urbanística. También, resultaba absuelto el aparejador municipal, Miguel Angel Martí Miralles, imputado por un delito de falsedad, y el arquitecto, José Torres, acusado de un delito contra la ordenación del territorio.
Tras más de diez años de instrucción, el caso Cretu juzgó a finales de octubre la construcción ilegal de la mansión que el compositor se construyó en lo alto de una montaña en Santa Inés, en Ibiza. La vivienda se levantó en terrenos altamente protegidos en atención a sus valores medioambientales y paisajísticos.
La Fiscalía había solicitado para el exalcalde y para la exconcejala de Urbanismo siete años de inhabilitación y el pago de 33.600 euros de multa por un delito de prevaricación, mientras que para Cretu reclamaba ocho meses de prisión y una multa de 31.500 euros por un delito contra la ordenación del territorio.