La Plataforma por la Convivencia y doce asociaciones de inmigrantes de la Isla han hecho llegar un escrito a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para emitir una queja contra el Registro Civil de Eivissa, la Dirección General de los Registros y Notariado, el Consell d'Eivissa y el Govern balear. El objetivo de tal queja es doble. Según Alda Yurramendi, portavoz de la plataforma, por una parte «la denegación sistemática de la nacionalidad española por parte del Registro Civil» y por otra, «el deficiente servicio de información y atención a los inmigrantes de la Isla en comparación a residentes en el resto de Balears».
Con respecto a la primera, los firmantes explicaron que tienen testimonios «de malas prácticas» en el Registro Civil a la hora de otorgar o denegar la nacionalidad española. Según Yurramendi, hay documentados más de un centenar de casos que demuestran que, en la mayoría de los casos, «estas denegaciones responden a causas subjetivas como el insuficiente grado de integración y adaptación a la cultura y formas de vida españolas», aunque «nunca se especifican tales motivos».
En este sentido, las asociaciones denuncian que esto se comprueba únicamente a través de una entrevista de cuarenta preguntas que realiza un funcionario «sin un temario previo para estudiar, de manera oral, sin un comprobante sobre lo que se responde bien o mal, delante de todo el mundo, de pie y junto a la ventanilla del registro sin intimidad».
Con ello, según Yurramendi se deja fuera a personas que llevan en la Isla viviendo más de diez años o que han creado una familia aquí. Es el caso, por ejemplo, de José Pérez Florentino, presidente de la Asociación de Dominicanos Unidos, que lleva más de cinco años viviendo en Eivissa, está casado con una ibicenca y tiene dos niñas. «Todavía no me han llamado para el examen a pesar de presentar toda la documentación pero tengo miedo cuando vaya a responder porque no sé qué más necesitan para justificar que estoy suficientemente integrado», se preguntaba.