Miles de sentencias dictadas en juzgados y tribunales de Balears no se ejecutan en el plazo establecido, según reflejan los datos del tercer trimestre de 2013 elaborados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En los primeros nueve meses del año, en las Islas se acumulaban 82.708 resoluciones firmes sin ejecutar, frente a las 80.476 del mismo periodo de 2012, con un aumento porcentual del 2,8 por ciento.
«Los datos son preocupantes porque los jueces no dictamos sentencias para que estén colgadas de la pared, sino para que se ejecuten», dijo a Ultima Hora el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa.
«Es un problema agravado por la crisis económica, ya que muchas personas no pueden hacer frente a las obligaciones económicas que fija la sentencia, sobre todo, en la jurisdicción penal», añadió.
El retraso en la ejecución de las resoluciones está provocando un importante 'cuello de botella' en el sistema judicial de Balears.
También genera malestar y frustración entre quienes ven cumplidas sus expectativas en la vía judicial, pero que se encuentran con muchos problemas a la hora de que lo dictado por los jueces se haga realidad. La jurisdicción con más sentencias pendientes de ejecutar es la civil, con un total de 65.949, mientras que la contenciosa-administrativa solo tenía 111 resoluciones en trámite. Las sentencias caducan a los cinco años si no hay demanda ejecutiva, y prescriben, con carácter general, a los quince años.