El caso Nóos, la investigación por el presunto desvío de fondos públicos a la entidad de la que fue presidente Iñaki Urdangarin entre 2003 y 2006, enfila su recta final después de tres años y medio de indagaciones reflejadas en un sumario que supera ya los 52.600 folios y los 52 tomos.
Esta pieza separada número 25 del caso Palma Arena fue abierta por el juez de Instrucción José Castro el 20 de julio de 2010 para investigar las supuestas actividades irregulares de la entidad que le ha dado nombre a la causa, el Instituto Nóos.
Ya en febrero de 2006, el PSIB cuestionó públicamente en el Parlament balear el pago de 1,2 millones de euros al Instituto Nóos por parte del Govern balear que entonces presidía Jaume Matas para organizar un encuentro internacional sobre turismo y deporte en Palma que había durado 4 días.
La oposición calificó entonces de «despilfarro» y «un caso de pésima administración de recursos públicos» aquel evento, el Illes Balears Fórum 2005, que se celebró entre el 22 y el 25 de noviembre.
En el verano de 2011 la instrucción se aceleró después de que el juez tomara declaración al exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y de que la Fiscalía Anticorrupción ordenara varias diligencias, entre ellas el registro de la sede de Nóos en Barcelona.
El juez Castro imputó al duque de Palma el 29 de diciembre por supuestos delitos de fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos y lo citó a declarar. Las diligencias practicadas desde entonces han llevado también a su imputación por supuestos delitos fiscales.
La investigación se ha extendido a las administraciones regionales de Baleares, Valencia y Madrid, y también a la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social (Fcdis), considerada sucesora de Nóos y al entramado empresarial ligado a sus dos impulsores.
Más de tres años y medio después del inicio del caso, hay decenas de imputados y el sumario supera los 52.000 folios de los que 8.700 se intervinieron en registros y 6.250 son información aportada por entidades bancarias.
Durante la instrucción han declarado ya 308 testigos entre los que figuran la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà; el exconseller valenciano y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, y el asesor jurídico de la Casa Real José Manuel Romero, conde de Fontao. El expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps tenía que declarar en noviembre por escrito pero el juez no le encontró en casa.
Además ha habido tres comisiones rogatorias en Luxemburgo, Andorra y Suiza, se han elaborado 12 atestados policiales, la Agencia Tributaria ha realizado 27 informes y la Intervención General de la Administración del Estado otros 5.
Urdangarin ha acudido a declarar a los juzgados de Palma en dos ocasiones, en febrero de 2012 y de nuevo un año después.
A resultas de las indagaciones, el juez impuso una fianza solidaria de casi 8,2 millones para los dos exsocios por las presuntas responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse sobre ellos en una eventual condena por esta causa, que posteriormente fue rebajada a 6,1 al aceptar parcialmente un recurso contra la misma.
Ante el impago de la caución, las propiedades de Urdangarin y Torres están sujetas a embargo desde el 4 de noviembre, entre ellas el llamado «palacete de Pedralbes», la residencia de los duques de Palma en dicho barrio de Barcelona.
Además de los dos exsocios, los principales imputados en el caso son la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, que fue responsable de recursos humanos de Nóos, y sus dos hermanos; Marco Antonio, responsable contable y financiero; y Miguel, secretario y gestor jurídico del instituto. También está imputado otro hermano, Luis.
Además ha declarado ya como imputado el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que era tesorero de la entidad. Solo faltaba un miembro de la junta directiva del Instituto Nóos por recorrer la famosa cuesta trasera de los Juzgados de Palma, la infanta Cristina, que lo hará el sábado 8 de marzo.