La empresa municipal Imvisa, participada al 100% por el Ayuntamiento de Eivissa, volverá a adjudicar en régimen de alquiler las Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en la calle Santa Creu de Dalt Vila. En la actualidad, las viviendas siguen habitadas y sus inquilinos aún no han sido notificados de que su contrato de cinco años culmina el 28 de febrero y que deben abandonarlas el 1 de marzo.
El concejal de Comercio y Turismo, y consejero de Imvisa, Rai Prats, aseguró ayer que los inquilinos serán notificados «este mes» y que la viviendas volverán a someterse a un proceso de adjudicación con los mismos criterios que en 2009, cuando se alquilaron por primera vez. «Es un alquiler social para que la gente que se quiere emancipar tenga una primera salida al mercado de la vivienda a un precio asequible. Uno de los requisitos es que sean menores de 35 años y el precio va a ser el mismo que había antes», explicó Prats. Los precios oscilan de los 259 a 410 euros, dependiendo de las dimensiones de cada piso, que son de una o dos habitaciones.
Un realojado de sa Penya
El concejal explicó que los actuales inquilinos pueden volver a optar a las viviendas si son menores de 35 años, aunque sin ventajas sobre el resto de los participantes. Aún así, Prats señaló que «el día 1 de marzo tienen que estar afuera» ya que el Consistorio prevé tener las viviendas vacías durante «unos días» antes de volver a alquilarlas.
«Las viviendas estarán menos de un mes vacías, entre que salen unos y entran los otros, porque el Ayuntamiento las revisará y mirará que esté todo bien. Pero una cosa irá en paralelo con la otra», aseguró sobre el plazo que transcurrirá mientras se revisan los inmuebles y se selecciona a los nuevos inquilinos.
Los pisos que volverán a salir al mercado de alquiler son siete de los ocho que componen la promoción. Esto ocurre porque una vivienda ya fue adjudicada a uno de los realojados de sa Penya. Este piso en concreto lo gestiona la Concejalía de Urbanismo de Vila, cuyo responsable, Alejandro Marí, aseguró ayer que este nuevo adjudicatario «hace meses» que está integrado en la promoción, con un contrato de alquiler firmado por los próximos cinco años. «Esta vivienda ya está ocupada desde hace tiempo, por eso no saldrá en el nuevo concurso», explicó Marí.
En el resto de las viviendas que gestiona la empresa pública Imvisa, «no se va a realojar a nadie», aseguró Rai Prats.