Tras casi ocho años de instrucción, la fiscal del caso Eivissa Centre, Bárbara Moreno, ha pedido el archivo de la causa porque «no ha quedado acreditado delito» contra la Administración pública, en concreto el delito de cohecho (cobro de comisiones).
La investigación se inició cuando el exsecretario general de los socialistas pitiusos Roque López denunció que Pedro Campillo, entonces teniente de alcalde de Vila, estaba recibiendo comisiones por parte de la empresa Bruesa, adjudicataria de la remodelación del centro de Eivissa. Todo vino a raíz de unas conversaciones grabadas por López en un mp3, en las que aparecía el gerente de la empresa de capital mixto Itusa (Ayuntamiento-Bruesa), Josep Marí Ribas, Agustinet (posteriormente alcalde de Sant Josep). En esta conversación, Marí Ribas comentaba lo que le había dicho Antonio Pinal (propietario de Bruesa) y es que el excedente de los pisos del edificio Juan XXIII se podría vender de forma libre para conseguir dinero en B que se repartiría entre PP y PSOE.
La fiscal recuerda que estas conversaciones fueron analizadas por la Policía Nacional y peritos de parte y en ningún momento se acreditó que fueran manipuladas. Pero asegura también que aparte de ellas no se encuentra ningún indicio dentro de las actuaciones del consejo de administración de Itusa que pueda hacer sospechar que se estaban recibiendo comisiones. El hecho de que Agustinet comente lo que va a hacer otra persona «no es suficiente para imputar a esa persona», dice la fiscal. Además, «la operación descrita por Marí Ribas nunca se realizó», porque aunque se aprobó dar el excedente de pisos a Bruesa este acuerdo se dejó sin efecto un mes después por los problemas con el planeamiento (PGOU). «Marí Ribas hablaba de lo que podría hacerse, de planes de futuro, nunca de lo que estaba ocurriendo. Las meras suposiciones no pueden ser nunca delito, salvo la proposición para delinquir, que no está prevista para el delito de cohecho», añade la fiscal, que considera además que el propio Agustinet no podría ser autor del delito porque él solo era gerente de Itusa y no votaba los acuerdos. El hecho de que hubiera el acuerdo de dar los pisos (que luego se dejó sin efecto) tampoco prueba que los miembros del consejo recibieran dinero.