Por segunda vez consecutiva en poco más de una semana, el Consejo de Administración de Imvisa, encabezado por la alcaldesa de Vila Pilar Marí y el concejal Rai Prats, ha dejado sobre la mesa las cuentas de la empresa correspondientes al ejercicio 2012. La primera vez fue el pasado lunes 20 enero y la razón fue que Prats, que oficia de responsable de Imvisa, desconocía el contenido de las cuentas, según denunció el edil de ExC, Vicent Ferrer, que, tras este episodio, decidió presentar su renuncia como consejero.
Ayer, el motivo fue que las 14 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Can Cantó, que están adjudicadas a sus potenciales propietarios desde octubre de 2012, aún carecen de la certificado que otorga el Institut balear de l'Habitatge (Ibavi) para calificarlas como viviendas sociales. Se trata de una certificación que cambiará la tasación de las viviendas y también la auditoría de las cuentas de Imvisa para ese año, motivo por el cual ayer no se pudieron aprobar.
El concejal Marc Costa (PSOE-Pacte), único representante de la oposición en el consejo de Imvisa junto a Antonio Villalonga (Epic) desde la renuncia de Ferrer, desplegó ayer todo tipo de críticas sobre la gestión que PP y PREF están llevando a cabo al frente de la empresa pública. Por su parte, el equipo de gobierno evitó entrar en detalles y solo comunicó la «suspensión» de la aprobación de las cuentas, y la convocatoria del consejo para una nueva reunión a principios de febrero.
«No deja de ser sorprendente que en febrero de 2014 se hayan vuelto a retirar las cuentas relativas al año 2012», destacó Marc Costa, quien recordó que hace dos años y medio que las VPO de Can Cantó están terminadas y que este retraso ha provocado que se hayan perdido más de 280.000 euros en ayudas para los compradores. «Todas las viviendas que construimos las hicimos al amparo de un Plan Estatal de Vivienda y llevaban asociadas unas ayudas de 20.000 euros a fondo perdido por cada futuro beneficiario de la vivienda». «Todas estas se han perdido», criticó el edil.