Las constructora del centro educativo Sa Bodega se ha comprometido a reanudar las obras con un calendario de ejecución que prevé el final de los trabajos a mediados de marzo. La consellera d'Educació, Joana Maria Camps, estuvo ayer en Eivissa y anunció el reinicio del proyecto, que está paralizado desde el mes de julio por discrepancias técnicas y económicas entre el Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec) y la empresa Vías y Construcciones S.A por una cantidad de 153.000 euros.
Camps compareció junto a la alcaldesa de Vila, Pilar Marí, en Can Botino, y aseguró «que el Govern hace mucho tiempo que está totalmente volcado en arreglar el tema de sa Bodega». Según explicó, la empresa ha decidido retomar la construcción a raíz de un comunicado remitido por la Conselleria d'Educació al Ayuntamiento de Eivissa para que rescindiera el contrato «de forma rápida», una decisión que se estudiaba desde agosto pero que se retrasó hasta diciembre, a la espera de que la constructora reaccionara. «A raíz de este comunicado, la empresa ha recapacitado, ha querido reconducir la situación y nos ha informado por escrito que reemprenderá las obras, con independencia de las discrepancias, y que en marzo estarán acabadas», señaló Camps, que indicó que «ahora todo será más rápido» ya que «está todo a punto para que se pueda abrir la escuela». «Tenemos hasta el mobiliario comprado», añadió, con respecto al traslado de los alumnos que se prevé para Semana Santa, aunque también podría realizarse durante el verano, según apuntó la alcaldesa Pilar Marí.
Sin justificación
El gerente del Ibisec, Mateo Sunyer, explicó que la postura de la administración siempre fue que las obras no estaban justificadas técnicamente y que el proyecto se tenía que ejecutar como se adjudicó. Sunyer aseguró que Educació no pagará los 153.000 euros reclamados por la constructora porque cree que no estaban justificados, aunque indicó que se abonará «todo lo que se tenga que pagar». «Si una vez acabado se han hecho más metros, se liquidará y se pagará. Y si luego ponen un contencioso y hay una serie de daños y perjuicios que se tienen que pagar, también», añadió.
El gerente explicó que desde el modificado del proyecto, a raíz de los hallazgos arqueológicos, las obras se certifican y se liquidan cada mes. Por ello, según señaló, no había ninguna razón «técnica para que paralizaran o ralentizaran» los trabajos.