El derribo de la casa ilegal de Puig d'en Serra tuvo ayer un nuevo ultimátum judicial. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha dado un plazo máximo de un mes al Ayuntamiento de Sant Josep para que fije fecha y hora para demoler la vivienda. Sin embargo, la cuenta atrás no empezará hasta que «sea levantado el auto de suspensión de medidas cautelares», que paralizó, con carácter provisional, el decreto que ordenaba el inicio del derribo, en noviembre de 2013.
El Consistorio insistió ayer varias veces en que el plazo no empezará a contar hasta que se levante esta última suspensión, que se adoptó «en un procedimiento distinto al de este auto, que se sigue en el mismo juzgado». De una opinión muy diferente es el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), que dio a conocer esta última decisión judicial, en la que se advierte que, de incumplirse el derribo, se depurarán «responsabilidades por un presunto delito de desobediencia a la autoridad». «Está claro que si transcurre el mes, informaremos para que esa posibilidad que da el juez de que se actúe por desobediencia, sea así», anunció ayer el presidente del GEN, Joan Carles Palerm.
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