Después de que el Juzgado de lo Penal número 2 haya emitido una sentencia por la cual obliga a la antigua propietaria a demoler el edificio Toro Mar de ses Salines, el Ayuntamiento de Sant Josep quiso puntualizar ayer que solo puede llevar a cabo el derribo si los tribunales lo solicitan. «Esta actuación hasta el momento no se ha producido», indicó el Consistorio en un escueto comunicado, en el que también advirtió de que no es parte en este procedimiento judicial.
En el fallo judicial se indica que la acusada, además de cumplir nueve meses de prisión, pagar 3.600 euros y quedar inhabilitada como promotora durante 9 meses, deberá demoler la obra. Si no lo hace tendrá que ser el Ayuntamiento de Sant Josep. Esta demolición debe estar supervisada por los servicios técnicos del Consistorio y de la Conselleria de Medi Ambient del Govern.
Se da la circunstancia de que este edificio fue adquirido hace unos meses por el grupo Pacha para reformarlo. De hecho, llegó a iniciar unas obras que fueron expedientadas en el mes de agosto por el Consistorio por no contar con licencia.
Un portavoz del grupo Pacha indicó ayer que conocían el proceso judicial que se seguía en los Juzgados contra la anterior propietaria y que eran conscientes de que existía un expediente de demolición. Pese a ello, el edificio se compró. En principio, aseguran que la propietaria se comprometió a realizar el derribo.